La vuelta al rumbo en 60 días

En un intento por desactivar la situación de zozobra que se vive en el Valle de Tambo hace casi dos meses y salvar al mismo tiempo el proyecto Tía María, Southern Perú ha propuesto declarar esa inversión minera en ?pausa? por 60 días.El viernes pasado, poco después del discurso del presidente Ollanta Humala sobre el tema, la referida empresa divulgó efectivamente un pronunciamiento firmado por su presidente ejecutivo, Óscar González Rocha, en el que expresaba: ?Hemos escuchado al Gobierno Nacional a través del presidente de la República y, en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días?.El texto agregaba también que el paréntesis buscaba permitir ?a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable?. La medida, evidentemente, había sido convenida de manera previa con el gobierno.Así las cosas, es legítimo asumir que lo planteado por la empresa representa en realidad una estrategia conjunta para superar el entrampamiento en el que la inversión en cuestión se encuentra, por lo que cualquier observación sobre la misma debe alcanzar a ambos. ¿Cómo quedan entonces empresa y gobierno tras las aseveraciones de que el proyecto necesita ser ?socializado?, de que las dudas e inquietudes de la población requieren todavía ser despejadas, y las soluciones identificadas? Y, sobre todo, ¿cuán riesgoso es también para ambos haberse comprometido a estar listos para echar andar nuevamente los trabajos en solo dos meses?Pues, para empezar, el argumento de la ?socialización? es particularmente resbaladizo. No solo porque su sentido no es claro y, en consecuencia, difícil de medir, sino también porque tiende a validar el criterio de la ?licencia social?, cuya supuesta ausencia han venido usando los manifestantes para justificar sus actividades violentas ?denominadas precisamente ?protesta social?? contra un proyecto que, según el propio presidente, ?cumple con todos los requisitos exigidos por ley?. ¿Tenían razón entonces los antimineros al reclamar el...

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