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¿Volviendo al pasado?

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Por Samuel B Abad Yupanqui. Constitucionalista

Ha generado sorpresa y preocupación la reciente publicación del Decreto Legislativo 1129, que regula el sistema de defensa nacional e introduce una disposición que nos recuerda momentos que pensábamos superados. Según el artículo 12 del decreto, tiene carácter secreto, ?en general, toda información o documentación que se genere en los ámbitos referidos a la seguridad y defensa nacional?. La amplitud de tal dispositivo nos conduce a un secretismo absoluto, que colisiona con el derecho de acceso a la información, reconocido por el artículo 2.5 de la Constitución.

Como se sabe, el acceso a la información pública tiene límites: se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad, la seguridad nacional y las que expresamente se excluyan por ley. Por ello, hace más de diez años se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para regularlo, y precisar sus excepciones. Con esta norma, se pretendió dejar de lado el secretismo que caracterizó a épocas pasadas, cuyas ambiguas clasificaciones (información secreta, estrictamente secreta, reservada, estrictamente reservada y confidencial) favorecieron la corrupción.

Esta ley estableció un procedimiento garantista que detalló los supuestos que justificaban la reserva de la información por razones de seguridad nacional y precisó los mecanismos de control. En su elaboración participaron representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Prensa Peruana, entre otros. Ello se aprecia en la adenda al octavo principio de Lima sobre excepciones al acceso a la información por razones de seguridad nacional de abril del 2002. De ahí que sorprenda que años después, sin ningún debate, se introduzca este artículo 12, cuyo tenor no supera un test de transparencia, como bien lo ha denunciado el Instituto Prensa y Sociedad.

En efecto, la norma no se justifica, pues ya existe una regulación detallada en la Ley de Transparencia y...

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