La vida después del rescate

Por Felipe Barbero MariáteguiHa pasado más de un mes desde que se anunció el exitoso rescate de 26 niños y 13 adultos de las garras de Sendero Luminoso. Gracias a una segunda operación militar, denominada Reencuentro 2015, pocos días después el número total de liberados se elevó a 54. Ellos eran mantenidos cautivos en distintos campamentos ubicados en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).Desde entonces, las víctimas de esta organización terrorista ?en su mayoría asháninkas? se encuentran alojadas en la base de Mazamari en Satipo (Junín), donde han recibido atención médica, alimentación, seguridad y kits educativos del Estado. No obstante, una reciente supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en la base reveló que existe incertidumbre entre las autoridades para determinar cuál es la condición legal de los rescatados. Ello dificulta y retrasa las tareas para su reubicación y reinserción social. Sin estatus legalLa carta del defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del 19 de agosto, alerta sobre esta problemática. Sostiene que durante la supervisión que realizó su entidad a la base policial, se encontró que las autoridades de la zona discrepan en cuál es el marco jurídico aplicable que determina las competencias y responsabilidades de cada una de las instituciones a cargo de los rescatados. Vega Luna afirma que, por un lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Terrorismo de Huánuco considera a estas personas como víctimas de terrorismo. Sin embargo, para el MIMP, se encontrarían en una situación de desplazamiento, por lo que se les tendría que aplicar el protocolo sobre desplazamientos internos. Fuentes de El Comercio señalaron que la condición de los rescatados no sería ninguna de las planteadas por las autoridades, ya que no se cumplen los requisitos para ninguna de ellas. Al respecto, refirieron que la falta de normativa vigente para atender este tipo de situaciones genera un vacío normativo que dificulta las coordinaciones entre los distintos sectores del Ejecutivo y otras instituciones como el Ministerio Público, gobierno regional y local. Ello retrasa la plena restitución de los derechos de las víctimas. Un protocolo sin aprobarEste Diario tuvo acceso al borrador del documento denominado ?Lineamientos técnicos para la atención de poblaciones recuperadas de grupos terroristas?, una guía metodológica que venía siendo trabajada por el MIMP...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR