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Vacarlo o ser disueltos

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Por JavierGonzález-Olaechea

El país vive una confrontación política con fundamentos y revestimientos jurídicos. El Congreso le estorba al mandatario porque es el primer muro de contención, acaso el único, contra el efecto dominó que pretende como candidato a dictador.La fiscal de la Nación reveló a la misión de la OEA que el presidente tiene 51 carpetas fiscales que nutren la denuncia constitucional interpuesta en su contra, sindicándolo como presunto cabecilla de una organización criminal para delinquir. Él y varios de sus colaboradores y familiares, algunos prófugos, se han negado a rendir cuentas a la justicia evidenciando su inocultable obstruccionismo a toda investigación.Aduciendo tramposamente una inexistente negación de la confianza al Gabinete Torres, la pretensión presidencial debe encuadrarse, como efecto dominó, en evadir al Ministerio Público. Por ello, necesita cargarse al Congreso antes de que este lo guillotine y, así, tener manos libres.En concordancia funcional con dicho propósito, el señor Torres planteó la cuestión de confianza ante el Congreso de la República para prácticamente derogar la Ley 31399 y poder convocar directamente a una asamblea constituyente que le dé plenos poderes a Castillo. La pretensión política revestida jurídicamente era y seguirá siendo contraria al texto expreso de la referida ley, a la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó su constitucionalidad y a la preservación de la institucionalidad democrática.Por la boca muere el pez, dice el viejo refrán.Cuando el ya premier en la sombra Aníbal Torres afirma, refiriéndose a la demanda competencial interpuesta por el Congreso ante el Tribunal Constitucional por la cuestión de confianza, que ?no tenemos mucho interés en cómo resuelva el Tribunal Constitucional?, desnuda la vocación totalitaria que brota de las entrañas de una administración golpista, violenta, persecutoria, embustera, incapaz, rapaz y voraz; ergo, contraria a los intereses nacionales.Los ministros ya denunciados constitucionalmente por interpretar arbitrariamente la cuestión de confianza querrán salvarse, pero el artículo 128 de la Constitución les advierte que ?todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra...

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