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Urgencia y precaución

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Vincent

El desarrollo del Caso Lava Jato en el Perú ha empezado a acelerarse. Solo en el último mes han sido detenidas cinco personas presuntamente involucradas en un caso de corrupción en la línea 1 del metro de Lima y se ha emitido una orden de captura contra el ex presidente Alejandro Toledo, por supuestamente haber recibido una coima de US$20 millones para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Adicionalmente, el actual gobierno resolvió el contrato de concesión del gasoducto sur peruano (GSP), luego de que el concesionario ?un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás? no lograra cumplir a tiempo el cierre financiero. El caso del GSP, además, es ilustrativo de un problema que podría repetirse a medida que avancen las investigaciones: la paralización de grandes proyectos de infraestructura por su vinculación con el Caso Lava Jato. Tanto Odebrecht como el resto de constructoras brasileñas involucradas en el caso se mantienen hasta hoy a cargo de la ejecución u operación de varias carreteras, represas, hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, muchas de las cuales son importantes para cerrar las millonarias brechas que sufre el país.Por lo anterior, la salida de las empresas cuestionadas de este tipo de proyectos ?a través de la venta de su participación en los mismos? podría parecer algo positivo. Pero, a la vez, acarrea un riesgo: que empresas que hayan cometido actos de corrupción retiren del país el grueso de sus activos, afectando así la posibilidad de pagar las eventuales reparaciones civiles que dicte el Poder Judicial en su contra. Es en este contexto que, el último lunes, el Ejecutivo dictó el Decreto de Urgencia 003-2017, con el objetivo de resguardar el pago de estas reparaciones y buscar, al mismo tiempo, la continuación de los proyectos. Para lograr lo primero, se ha establecido que las empresas que hayan sido sentenciadas por actos de corrupción o...

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