Universidades: el superburócrata

Por Francisco Miró Quesada RadaEn artículos anteriores me he opuesto a la Ley Universitaria, aprobada por un grupo de congresistas y con la ausencia de otros representantes, para satisfacer el afán de dominio y control absoluto que está en sus gestores, promotores y defensores, entre ellos el presidente de la República.Esta ley es inconstitucional por donde se la mire porque viola la autonomía universitaria consagrada en nuestra Carta Magna. Como señalamos, autonomía significa la capacidad que tienen los ciudadanos libremente de darse su gobierno, nadie les debe imponer a sus autoridades, y este principio esencial en cualquier democracia no solo funciona en las sociedades abiertas, sino en las instituciones que existen en esas sociedades, como universidades, empresas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones deportivas, entre otras, porque sus integrantes eligen a las autoridades, las cambian y las controlan. Ninguna autoridad por más poderosa que sea, en una democracia, y en nuestro caso el presidente de la República, está por encima de la ley y desde luego de la Constitución. Ninguna autoridad aunque sea elegida por el pueblo debe violar la Constitución. Si lo hace, ha cometido delito y debe ser procesada como sucedió con Fujimori, que de paso decidió intervenir San Marcos, La Cantuta y otras universidades y si bien es cierto que hubo infiltración terrorista, como ahora que hay corrupción de algunas autoridades universitarias, eso de ninguna manera justifica un intervencionismo que a la postre se convierte en un pretexto para ponerlas a su servicio. A los corruptos se les aplica la ley penal. Con esta ley, el intervencionismo se hace más velado bajo la figura de un burócrata al que se le llama superintendente, el cual estará rodeado de unos ?expertos? y ?especialistas? en educación universitaria. Este...

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