Trabajar en el Estado.

AutorFernandez Maldonado, Enrique
CargoDIARIO VIVIR

[ILUSTRACIÓN OMITIR]

Hace unas semanas participé en un conversatorio invitado por los amigos de Perú Debate. (1) El tema: el reto de trabajar en el Estado. Mis colegas panelistas--Mayen Ugarte, Julio Arbizu y Carlos Arámbulo--y yo intentamos transmitir algunas apreciaciones sobre nuestra participación en la gestión pública. Como se comprenderá, se trata de experiencias complejas y dif íciles de encarar, incluso para los especialistas, y más si hablamos de un Estado como el peruano, en muchos sentidos el reflejo de un "país adolescente" (Luis Alberto Sánchez). Reiterar los consensos recurrentes--la debilálidad institucional y política del Estado peruano, su incapacidad para garantizar servicios y estándares de vida básicos a un sector importante de la población, etc--aparecía como una opción válida pero no necesariamente sugerente para mis anfitriones. Optar por relatar una (mi) experiencia personal (corta pero intensa), corría el riesgo de simplificar en exceso un tema de por sí vasto, abierto a particularidades y especificidades diversas. Ello no obstante, comentar algunas impresiones o casos concretos --debidamentecontextualizados--bien podría brindarnos algunas luces sobre la naturaleza y modus operandi (más allá de las excepcionalidades regionales o sectoriales) de un Estado como el nuestro, un viejo saurio que punga por resucitar.

El contexto de la discusión no podía ser más oportuno. Según lo anunciado por el gobierno, este año se estaría iniciando una nueva reforma del empleo público. Se habla de un proyecto de ley propuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para "modernizar" la estructura ocupacional del Estado, buscando, por un lado, regularizar la situación contractual y laboral del funcionario público, y al mismo tiempo, dotar de eficiencia, profesionalismo y transparencia al ejercicio de la función pública. Como toda reforma que se plantea estructural y de fondo, esta genera resistencias en los sectores directamente--los antecedentes no podían ser más auspiciosos: la última gran reforma del aparato público la llevó a cabo el fujimorismo en la primera mitad de los años noventa, con el saldo de trescientos mil trabajadores públicos despedidos sin más--No será, en ese sentido, un proceso fácil ni de rápida solución. Cambiar prácticas y culturas organizativas toma años, si no décadas.

Por lo mismo, esta reforma representa uno de los principales y más complejos retos que deberá enfrentar el gobierno de Ollanta Humala: dejar encaminado un proceso que avance efectivamente hacia la modernización del aparato estatal y la gestión pública. Para ello, el diseño de la reforma deberá planearse de manera concertada--con transparencia y oportunamente--con los sectores directamente implicados. De su éxito dependerá no solo contar con instituciones públicas dinámicas en condiciones de procesar y regular la vida social y económica del país. Sobre todo...

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