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El taxímetro no pegó pero el Perú lo exportó

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Por Álvaro Gastañaduí

En noviembre de 1965, el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry decidió que había llegado la hora de que en el Perú se introdujera el taxímetro, como los usaban los taxis de las principales ciudades del mundo. Entre ese año y 1986, el Gobierno y luego el Concejo de Lima dieron más de una veintena de normas ?entre decretos supremos, resoluciones ministeriales, directorales, de alcaldía y hasta de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima? para imponer el taxímetro y regular el cobro, pero nunca lo lograron. Solo algunos taxistas lo instalaron, la mayoría no lo hizo, recuerdan el ex regidor de Lima Luis Morante y el ex presidente del Banco Central de Reserva, entre 1980 y 1985, Richard Webb.

El temor de los choferes a que se aprobaran tarifas reducidas y que no cubrieran sus costos ?para la bajada de bandera (costo base de un servicio), así como por kilómetro recorrido y por minuto? hizo que los choferes iniciaran una guerra contra ese proyecto de la autoridad. La inflación, que ya empezaba a atemorizar a los peruanos, también asustó a los taxistas, quienes veían que una vez fijada la tarifa ya no iba a subir, recuerda el consultor en transporte Luis Quispe Candia. Pero, además, surgieron los ahora llamados ?taxistas piratas? que rechazaron el taxímetro, pues ya no iban a poder ofrecer el servicio en sus ratos libres.

También los consumidores tuvieron temor a ese accesorio, que llevaba adosada una bandera en la que se leía la palabra ?libre? desde fuera del vehículo, cuando el equipo estaba apagado; pero bajaba cuando comenzaba a funcionar. Los pasajeros temían que los choferes tomaran rutas más largas y más congestionadas para cobrar más por el servicio.

No obstante esos temores y prejuicios, entre 1984 y 1987 , la Municipalidad de Lima ?cuyo gerente de Transporte Urbano era Manuel Cáceda Granthon? casi logra imponerlo. Pero, una demora de los proveedores de los equipos y la interrupción de ese programa en la gestión del alcalde Jorge del Castillo evitaron que se implantara.

Cáceda, quien luego sería alcalde de Santiago de Surco, dice que la ciudad perdió mucho al no instalarse ese accesorio. Los taxistas hubieran cobrado una tarifa justa y los pasajeros hubieran pagado lo que les correspondía. Además, se hubiera formalizado el servicio y no se hubiese llegado a tener más de 240 mil taxistas en las calles; y, por último, no se perdería tanto tiempo...

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