A la sombra de Zalamea, el crimen de llave y la piedra de Santa Anita.

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CargoEL MUNDO AL INSTANTE

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<> Así informa el diario El Comercio del 7 de marzo, al difundir el duodécimo Reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. <>, continúa. Dicho reporte da cuenta de la existencia de un total de 67 conflictos. El 73 por ciento de estos tiene como actores a las municipalidades, especialmente a las distritales, y el 43 por ciento se inicia por un cuestionamiento directo a sus autoridades. El 70 por ciento de los conflictos han ocurrido en áreas rurales y el 82 por ciento en jurisdicciones donde la mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza.

¿Es esta una inferencia válida? A primera vista pareciera que sí. En realidad, es una apreciación que forma parte del sentido común imperante y que responde en gran medida a los altos niveles de desconfianza social existentes, al escepticismo rampante frente a la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y de nuestros gobernantes. En la base se encuentra el malestar que nos ocasiona observar cotidianamente los usos y abusos del poder de nuestros normalmente ineficientes representantes. Pero ¿por qué surgen tantos conflictos relacionados a los gobiernos locales ahora, sobre todo en áreas rurales y pobres? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Es que los alcaldes y concejales se portaban mejor antes?

Consideramos que el análisis de la ola de conflictos merece un estudio más riguroso y detallado, que incluya elementos de contexto relacionados con los procesos de transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestro país en las últimas décadas. Y, por supuesto, los procesos regionales y locales. Nuestra impresión general es, sin embargo, que estos conflictos se desencadenan fácilmente en ámbitos locales rurales debido a la existencia de condiciones favorables generadas por la permanencia de factores políticos <>, como la precaria e ineficiente presencia del Estado en gran parte del territorio nacional; por las dificultades existentes para la recomposición de un sistema de partidos con vinculaciones mínimas con estas zonas que ayude a canalizar las demandas e intereses locales; y por los recientes cambios institucionales emprendidos en el marco del proceso de descentralización, que descuidan y desaprovechan la rica experiencia que las municipalidades acumularon a lo largo de más de veinte años de gobierno democrático ininterrumpido. En este sentido, nos aventuraremos a plantear algunas posibles explicaciones que se vienen dejando de lado.

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Así comentaba un alcalde distrital que volvía a desempeñar el cargo después de quince años. Conmovido por la ingenuidad con que el viejo líder había asumido la nueva responsabilidad, el alcalde provincial compartía la anécdota y sus impresiones sobre las dificultades que tienen las pequeñas municipalidades ubicadas en zonas rurales para cumplir con los altos estándares que la nueva legislación ha incorporado para la gestión municipal. Asimismo, contaba que la municipalidad provincial --que de por sí ya observaba grandes dificultades-- se veía en la obligación de ayudar a esta municipalidad elaborando los expedientes técnicos para proyectos de inversión.

La nueva Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) ha elevado la varilla de la gestión en lo relativo a los requisitos...

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