Sobrino de Castillo puede ser investigado por dos delitos

Por thalía cadenas

Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, podría ser investigado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Así lo señalaron a El Comercio el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado e Yván Montoya. Esto debido a que el hermano mayor de Fray Vásquez habría realizado cobros a cambio de puestos de trabajo en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda.Asimismo, Andía y Maldonado consideraron que este caso refuerza la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal instalada en diversos sectores del Estado y que sería liderada por mandatario.El último domingo, ?Cuarto poder? difundió el testimonio del ex gerente general de la SBN Edgar Lucio Roque, quien dijo que pagó por trabajar en la institución un monto de dos mil soles en cinco ocasiones. Según su testimonio, el dinero habría sido entregado en dos oportunidades al sobrino del presidente y las otras tres a Edgar León Ordóñez, también funcionario de la entidad y militante de Perú Libre.El exfuncionario también detalló que posteriormente se le hizo un requerimiento de 20 mil soles, pero esta vez a pedido del entonces superintendente de la SBN, Roger Gavidia Johanson, quien fue removido de su cargo el pasado 27 de octubre.Andía, Maldonado y Montoya coincidieron en que Vásquez Castillo podría ser investigado preliminarmente por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias ?porque en su calidad de sobrino del presidente, señalando que tiene los contactos, habría ofrecido puestos de trabajo?.En tanto, el delito de cohecho activo se habría configurado ?al pagar u ofrecer ventajas a los funcionarios para colocar gente? en la entidad estatal.Además, los especialistas indicaron que las investigaciones también alcanzarían al funcionario de la SBN Edgard León Ordóñez, al exsuperintendente Roger Gavidia Johanson y al denunciante Edgar Lucio Roque.Montoya añadió que por ambos delitos los involucrados podrían recibir condenas de hasta de seis años de prisión.No obstante, Andía subrayó que ?no hay que ver los casos [de corrupción en el Ejecutivo] de manera aislada? y los hechos podrían revelar la existencia de una organización criminal que...

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