Otros sintomas de la "enfermedad chola".
| Autor | Bedoya G., C |
| Cargo | EL OMBLIGO DEL PER |
[ILUSTRACIÓN OMITIR]
En el número anterior de Quehacer, Viale y Monge (1) llamaban la atención sobre la posible presencia de una "enfermedad chola", versión nacional de la llamada "enfermedad holandesa", que consiste en la pérdida de competitividad de algunos sectores ante la influencia de otro que ejerce mayor presencia y dinamismo --que es el caso de las industrias extractivas en el Perú, en particular la minería--, y cómo esta situación se expresa a nivel nacional y subnacional. Un síntoma claro de tal afección se viene reflejando, entre otras formas, en los mercados laborales locales, tanto en la escasez de mano de obra como en el escalamiento de los jornales en detrimento de otras actividades como la agricultura. En ese sentido, son importantes indagaciones como esta que buscan dar cuenta de que además de las externalidades positivas que puede traer una actividad económica determinada, como la minería, también se configuran externalidades negativas que impactan en distintos niveles y dimensiones (ambientales, sociales, económicas y político institucionales). De hecho, sobre este punto hay algunos acercamientos importantes de los que buscaremos dar cuenta.
En un sugerente ensayo, Cecilia Perla (2) analiza cómo las empresas extractivas han comenzado a constituirse en agentes provisores de bienes y servicios públicos en los últimos años, ofertando asistencia técnica y capital de trabajo para proyectos productivos, en la construcción de infraestructura, además de solventar distintos servicios de carácter social, en el campo de la salud, educación y otros programas asistenciales. Hasta ahí todo va bien, ¿pero todo este despliegue solamente genera impactos positivos?
Fuera de los fondos derivados del canon o las regalías, las empresas extractivas dotan de recursos a través de otros canales: con apoyos concretos derivados de las negociaciones bilaterales entre las comunidades locales y la empresa, representada por su unidad de relaciones comunitarias; mediante fundaciones o asociaciones civiles financiadas directamente por las empresas; a través de los fondos sociales (antes llamados fondos fideicomisos), que se constituyen como parte del contrato de concesión que la empresa suscribe con el Estado y, en su momento, otra fuente fue el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, más conocido como el "óbolo voluntario", puesto en marcha el año 2006 y que hasta el 2011 había movilizado 1789 millones de soles, involucrando a más de cuarenta...
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