El silencio que busca imponer el JNE

Por Juan Paredes Castro

No pensábamos, en verdad, y menos con el doctor Hugo Sivina a la cabeza del JNE, que este organismo pudiera llevarnos a escoger entre el ejercicio informativo y democrático de una correcta medición de las tendencias de voto y la aplicación de una censura contra ese derecho ciudadano.

En efecto, la resolución del JNE, que obliga a las encuestadoras a registrar el DNI, las direcciones domiciliarias y el teléfono de las personas que participen en los sondeos que ellas realicen en adelante, rompe una cláusula de confidencialidad fundamental, sin la cual no puede garantizarse la composición de una buena muestra y por consiguiente tampoco sus resultados en la mejor calidad deseable.

Está de más la discusión de cuánto es posible efectuar una encuesta con encuestados divididos entre quienes desean identificarse y quienes, por supuesto, se nieguen a ello. La resolución de marras entra precisamente a quebrar el principio de anonimato a la hora del trabajo de campo de una encuesta y a revelar, en su tejido legal, las invisibles entrelíneas que corresponderían a manos negras detrás del JNE, en su afán de sorprender la buena fe del doctor Sivina, uno de los pocos magistrados por quien todavía se puede poner las manos al fuego.

El doctor Sivina está aún a tiempo de enmendar este exabrupto del JNE y de devolverle a la ciudadanía, a las encuestadoras acreditadas y supervigiladas oficialmente...

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