Servicios públicos en el contexto del covid-19: el aseguramiento de su prestación durante la pandemia
| Autor | Antonio Caballero Ochoa |
| Cargo | Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y maestrando del programa de Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires |
Uno de los principales enemigos naturales de la humanidad a lo largo de su historia han sido las pandemias. El año 2020 tuvo especial relevancia en nuestra historia dado que fue en ese año en el que el brote de Coronavírus SARS-CoV-2 (en adelante, “COVID”) tuvo lugar alrededor del mundo, generando que diferentes gobiernos resolvieron establecer cuarentenas para proteger a sus respectivas poblaciones de contagios masivos, y así, reducir la cantidad de posibles muertes causadas por este virus. En nuestro caso, el Gobierno Peruano determinó declarar el Estado de Emergencia Nacional, estableciendo el aislamiento social obligatorio la noche del domingo 15 de marzo de 2020, por el periodo de 15 días – de acuerdo con el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM – los cuales fueron posteriormente prorrogados hasta que se determinó la aplicación de cuarentenas focalizadas en diferentes regiones del Perú (Decreto Supremo No. 116-2020-PCM, 2020).
En este sentido, una de las consecuencias de la declaratoria del Estado de Emergencia en el territorio nacional fue la restricción de la movilización de las personas a lo largo de nuestro país, estableciendo de esta manera restricciones a derechos fundamentales – como la libertad de tránsito – pero, a su vez, asegurando la continuidad de la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM. Así, se adoptaron diferentes medidas para asegurar que la calidad de vida de los peruanos no se viera afectada durante este periodo de tiempo en el que regirá el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y las otras disposiciones adoptadas por el Estado Peruano. Sin embargo, cabe hacernos la pregunta ¿por qué el Estado Peruano buscó asegurar, sobre todas las cosas, la prestación de los servicios públicos mientras que limitaba ciertos derechos de las personas?
Normalmente, cuando hablamos de servicios públicos, muchos de nosotros asociamos esta idea con la prestación y acceso de los servicios que no son prestados por empresas privadas y que son prestados de manera exclusiva por el Estado, como parte de sus funciones y/u obligaciones. Así, podemos considerar como servicios públicos al servicio de agua y alcantarillado, la prestación del servicio de energía eléctrica, limpieza pública, entre otros. Estimamos entonces como servicios públicos a aquellas actividades plasmadas en servicios que resultan ser básicos para que las personas puedan mantener una calidad mínima de vida.
Al respecto, al revisar los diferentes dispositivos normativos que conforman nuestro ordenamiento jurídico, podemos constatar que no se ha regulado una definición específica para el concepto de “Servicios Públicos”. Atendiendo a ello, CABANELLAS DE TORRES (2006) establece la definición de “Servicio Público” como “aquel que satisface una necesidad colectiva por medio de una organización administrativa o regida por la Administración Pública” (p. 444). Por su parte, GASPAR ARIÑO (2005) señala que “(…) Los servicios públicos son y han sido siempre actividades esenciales para la vida de la sociedad. Exigen continuidad, regularidad y seguridad en su prestación, pues nuestra vida –repito– descansa sobre ellos. Es responsabilidad del gobierno que éstos funcionen adecuadamente: que sean servicios seguros, prestados con regularidad, universales, de calidad.” (p. 133)
Siguiendo ello, debemos remitirnos a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional para tener un acercamiento a la definición de “Servicio Público”. Al respecto, de la revisión de las diferentes sentencias emitidas por este tribunal, encontramos la sentencia recaída en el Expediente No. 034-2004-PI/TC, la cual indica lo siguiente:
“(…) nuestro ordenamiento jurídico no recoge una definición específica sobre el concepto de servicio público (...
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