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Secreto fundamental

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Vincent

Desde que le fuera otorgado el voto de confianza al primer ministro Fernando Zavala hace un mes, las interacciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con mayoría de Fuerza Popular (FP) se desarrollaron en un ambiente relativamente pacífico. La calma imperante, sin embargo, se ha visto alterada en los últimos días a raíz de la negativa de la Comisión de Justicia a delegar facultades legislativas al gobierno en materia de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS.Los legisladores fujimoristas, que eran mayoría en dicha comisión parlamentaria, votaron unánimemente en contra de este pedido, aparentemente preocupados por la posibilidad de que la UIF ?y no un juez? pudiera levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los sujetos investigados por el posible origen ilícito de sus fondos (narcotráfico, lavado de activos o corrupción). Una preocupación que desde este Diario compartimos plenamente, con la atingencia de que el pedido de facultades nunca planteó que la UIF levantara este secreto, sino que fuera un juez superior designado por la Corte Suprema. Este magistrado sería el encargado de evaluar las solicitudes de la UIF y autorizar o denegar el levantamiento del secreto, en atención a los indicios que aporte la UIF sobre la investigación en curso y evaluando la razonabilidad y necesidad de esta medida.Que una entidad administrativa solicite a un juez el levantamiento de aquello que es considerado secreto o reservado, además, no es algo ajeno a nuestra legislación. Sucede, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el Indecopi (en lo que se refiere a la solicitud para que un juez levante el secreto de las comunicaciones). El Ejecutivo, asimismo, ha optado por un modelo garantista que requiere la autorización judicial para que la UIF acceda a esta información, algo que ya sucede en varios otros países como Argentina, Colombia, Chile, México y Estados Unidos, y que forma parte de las recomendaciones de la OCDE, organización a la que el Perú aspira a ingresar. De esta forma, poco asidero tiene la justificación del vocero de FP, Luis Galarreta, en el sentido de que ?por tratarse de derechos fundamentales ese debate debería venir al Congreso de la República? y no vía facultades...

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