Ritualismo y formalidad

Por Francisco Távara (*)

En mis cuatro años y medio como jefe de la OCMA, he visto cómo el descrédito hacia la labor de los jueces se alimenta de los retrasos en los procesos. Estos reveses, que para la opinión pública pueden parecer indicios de corrupción, no necesariamente lo son. Lo que ocurre, en la mayoría de casos, son obstáculos procesales causados por un código de normas antiguo, pero vigente en Lima, que tiene mucho de ritualismo y exceso de formalidad.

Si bien la ley obliga al Ministerio Público y al Poder Judicial a tener la mayor celeridad posible en los juicios, sobre todo en aquellos donde haya una persona privada de su libertad, hay que reconocer que 36 meses en prisión para cualquier procesado es demasiado, ya sea en el Caso Fefer o en otro. Si un caso se considera complejo, y el tribunal que lo asume quisiera trabajarlo respetando los plazos, podría programar más audiencias en una semana o pedir la declaratoria exclusiva, que lo exonerara de más carga procesal.

Esta práctica, por ejemplo, se adoptó en el Caso Fujimori, que tuvo una sala exclusiva precisamente para asegurar transparencia, celeridad y las garantías indispensables.

Otra ventaja de adoptar esta postura está en el control que se obtiene frente a las estratagemas que algunos abogados entablan para dilatar un juicio, buscando la libertad condicional o el arresto domiciliario para su patrocinado.

No conozco al detalle el Caso Fefer, por lo que no afirmo que eso haya pasado aquí. Sin embargo, la dilatación adrede de un juicio, por...

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