Resolución Nº 00039-2019-JNE de Jurado Nacional de Elecciones, 11-04-2019
| Sentido del fallo | Fundada |
| Tribunal de Origen | HUANUCO - LAURICOCHA - RONDOS |
| Número de resolución | 00039-2019-JNE |
| Fecha | 11 Abril 2019 |
| Emisor | Jurado Nacional de Elecciones (Perú) |
Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0039-2019-JNE
Expediente N.° J-2018-00587
RONDOS - LAURICOCHA - HUÁNUCO
ONPE
RECURSO DE APELACIÓN
Lima once de abril de dos mil diecinueve
VISTO en audiencia pública de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por Oscar Soto Leandro en contra de la Resolución Jefatural N.° 000108-2018-JN/ONPE, de fecha 13 de junio de 2018 que declaró infundado su recurso de reconsideración formulado en contra de la Resolución Jefatural N.° 000065-2018-JN/ONPE, del 16 de abril de 2018, que, a su vez, sancionó al mencionado ciudadano –quien fuera autoridad revocada en el proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017–, con una multa de once (11) unidades impositivas tributarias (UIT), por no presentar su rendición de cuentas de ingresos y gastos en el plazo establecido contraviniendo el artículo 29-A de la Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
ANTECEDENTES
Presentación del informe de ingresos y gastos de campaña electoral
El 11 de junio de 2017, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante, Gerencia de Supervisión) notificó a Oscar Soto Leandro la Carta N.° 000637-2017-GSFP/ONPE, mediante la cual se le informó que debía presentar sus ingresos y gastos de campaña electoral de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017, a más tardar, el 23 de junio del mismo año (fojas 82 y vuelta y 83).
El 14 de julio de 2017, Oscar Soto Leandro presentó a la Oficina Regional de Procesos Electorales su rendición de cuentas sobre los aportes recibidos, así como los gastos efectuados en la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017. Al respecto, señaló que su persona en calidad de autoridad revocada, no percibió ningún aporte ni efectuó ningún gasto (fojas 87 y vuelta y 88).
Inicio del procedimiento administrativo sancionador
Con la Resolución Gerencial N.° 000008-2017-GSFP/ONPE, del 11 de octubre de 2017 (fojas 68 y vuelta), la Gerencia de Supervisión dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Oscar Soto Leandro por el incumplimiento de la presentación de la rendición de cuentas de ingresos y egresos (gastos) de campaña electoral de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017, en el plazo establecido conforme al artículo 29-A de la Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (en adelante, LDPCC), y a los artículos 97 y 98 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Dicha resolución fue notificada a Oscar Soto Leandro mediante la Carta N.° 000886-2017-GSFP/ONPE, recibida el 25 de octubre de 2017 (fojas 69 y 70); acto en el cual se le concedió el plazo de cinco (5) días hábiles para la formulación de sus descargos.
De acuerdo con el escrito, recibido el 3 de noviembre de 2017 (fojas 71), Oscar Soto Leandro formuló sus descargos, señalando que en el distrito de Rondos se ha producido una conmoción social de parte de los revocadores, razón por el cual no ha podido permanecer en el citado lugar, por lo que resulta abusivo que se le exija cumplir con dicha obligación en el plazo de ley. Asimismo, indicó que se ha cumplido el objeto de la norma contenida en los artículos 97 y 98 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, al presentar su declaración, dejando constancia de que no se ha gastado nada.
Resolución que impone sanción de multa
Con la Resolución Jefatural N.° 000065-2018-JN/ONPE, del 16 de abril de 2018 (fojas 29 y vuelta a 33 y vuelta), el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante, ONPE) resolvió sancionar a Oscar Soto Leandro, quien fuera autoridad revocada en el proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017, con una multa de once (11) unidades impositivas tributarias, por no presentar su rendición de cuentas de ingresos y gastos en el plazo establecido, contraviniendo el artículo 29-A de la LDPCC.
Recurso de reconsideración
El 7 de mayo de 2018 (fojas 20 a 24), Oscar Soto Leandro interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución Jefatural N.° 000065-2018-JN/ONPE, alegando que el descargo realizado a destiempo fue por la conmoción social ocurrida en el distrito de Rondos, así como por estar ubicado en una zona altoandina que carece de diversos medios de comunicación, tales como internet y periódicos, entre otros.
Pronunciamiento que resuelve el recurso de reconsideración
Mediante la Resolución Jefatural N.° 000108-2018-JN/ONPE, del 13 de junio de 2018 (fojas 12 y vuelta y 13), el jefe de la ONPE declaró infundado el precitado recurso de reconsideración, al establecer que se evidencia la intencionalidad del administrado de cometer la infracción; asimismo, indicó que la presentación de la rendición fuera del plazo establecido genera un beneficio al administrado.
Recurso de apelación
El 12 de julio de 2018 (fojas 8 y vuelta a 10), Oscar Soto Leandro interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Jefatural N.° 000108-2018-JN/ONPE, aduciendo que “ha presentado su rendición de cuentas de la CPR 2017” antes de la imputación de cargos.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En este caso, corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinar si el procedimiento administrativo sancionador seguido contra Oscar Soto Leandro, por la no rendición de cuentas dentro del plazo establecido, se encuentra ajustada a derecho.
CONSIDERANDOS
Los principios orientadores de la potestad sancionadora del Estado
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Existen diversas teorías en torno a la naturaleza del derecho administrativo sancionador. No obstante, a nivel doctrinario, ha primado aquella tesis que sostiene que, junto con el derecho penal, el derecho administrativo sancionador forma parte de la unidad del ius puniendi del Estado. Así, Danós Ordóñez1 señala lo siguiente:
En España la tesis dominante a nivel doctrinario y que ha sido confirmada por la jurisprudencia constitucional sostiene que tanto la potestad punitiva penal como la sancionadora administrativa son manifestaciones de un mismo ius punendi genérico del Estado, el que a decir de JUAN MESTRE “se articula en dos grandes brazos: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador”2.
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Asimismo, dicho autor indica que la citada tesis de aproximación entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador se consolidó a nivel jurisprudencial en diversos países europeos:
La necesidad de juridificar la potestad sancionadora de la administración y de otorgar garantías a los particulares determinó la consagración jurisprudencial de la tesis que sostiene la identidad sustancial entre sanciones administrativas y penales, de la que se deriva la aplicación al ilícito administrativo de una amplia gama de principios y garantías de orden penal, tales como los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad de normas desfavorables, derecho a la defensa, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, non bis in idem y otros.
[…]
Más aun, esa ha sido la tónica general en el derecho europeo, en países como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Suiza, en los que ya sea la legislación o la jurisprudencia han dispuesto la aproximación del derecho administrativo sancionador al derecho penal, tendencia que ha sido reforzada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en la sentencia «OTZTURK» del 21 de febrero de 1984, declaró que desde el punto de vista de la Convención de Roma de 1954, las contravenciones administrativas participan de la misma naturaleza que las infracciones penales.
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En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional peruano, en el fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N.° 2050-2002-AA/TC, ha considerado lo siguiente:
Sobre el particular, es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el ámbito castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y sanciones de orden disciplinario deban estar previamente tipificadas y señaladas en la ley.
[…]
Como se ha señalado, “Dicho principio comprende una doble garantía; la primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado como …” ley o norma con rango de ley. (STC de España 61/1990).
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Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 1 de setiembre de 2011, recaída en el caso López Mendoza vs. Venezuela, señaló que:
[L]a Corte recuerda lo expuesto en su jurisprudencia previa en el sentido que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas.
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De lo anteriormente expuesto, se concluye que, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, el derecho administrativo sancionador...
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