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La regla del conflicto social

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Vincent

Por Analista políticoUn asunto recurrente en el análisis de la realidad nacional y los principales proyectos de inversión ?tanto desarrollados como frustrados? es el de los conflictos sociales. Hace algunas semanas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo presentaron sus informes a noviembre del 2016 sobre conflictividad social. Mientras la PCM menciona 169 casos (entre activos y preventivos), la defensoría señala que son 213. Al margen de las diferencias y eventual cuestionamiento de las metodologías de diagnóstico, ambos reportes destacan a la minería y al sector hidrocarburos.El conflicto es inherente a las relaciones sociales y no necesariamente es negativo. Las discrepancias pueden dar lugar a oportunidades, inspiración creativa, innovación, ejercicios de tolerancia, así como definición de derechos y deberes en un Estado democrático en el que se haga efectivo el cumplimiento de la ley. Los conflictos sociales (con los que convivimos en una espiral de violencia, frustración colectiva y diálogos infructuosos) podrían tener como problema de origen la falta de entendimiento. Obviamente, su origen se encuentra en la sociedad, pero son fundamentalmente disputas políticas y carencias institucionales, por lo que sugiero que sea desde esos dos frentes que se realice el diagnóstico, así como las propuestas de solución.Son institucionales porque existe una notoria falta de claridad sobre las reglas de juego. Es decir, sobre las normas, acuerdos y expectativas que corresponden al gobierno, las empresas y la comunidad (legitimada por una mayoría o no). Y son políticos porque ?en mayor o menor medida? subyace a cada controversia un problema de límites del poder en relación con los sujetos o partes del conflicto.La aproximación política e institucional limita que tengamos posturas maniqueas y generalizaciones que llegan al absurdo (como: ?las transnacionales vienen a saquear la riqueza y maltratan a nuestra gente? o ?la comunidad protesta porque es manipulada por políticos y diversas ONG?). Evidentemente, existen grandes empresas que son socialmente muy responsables, así como mucha gente que protesta con conocimiento de la materia, legítimo derecho y por voluntad propia.El gobierno anterior instaló equipos para el diálogo y gestión de conflictos en regiones que consideró prioritarias (como Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Piura). Sin embargo, no logró plasmar...

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