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Una reforma más humana y moderna

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Por Enrique Mendoza Ramírez. Presidente del Poder Judicial

Uno de los cambios más importantes en el área del derecho peruano se produjo en el Distrito Judicial de Huaura, en julio del 2006, a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que hoy se extiende a 23 de los 31 distritos judiciales del país. Esta transformación se originó hace más de veinte años, en la inquietud académica de un grupo de juristas nacionales y latinoamericanos, y se ha constituido en una política de Estado que ha empezado a producir importantes resultados y que la ciudadanía debe conocer.

Donde antes imperaban la morosidad y el burocratismo, hoy se perciben transparencia y gran celeridad en la atención de las causas penales; donde ayer la víctima era ignorada y acaso maltratada, hoy se protegen sus derechos; donde antes los presos sin condena eran los más, hoy se ha empezado a reducir alentadoramente esta problemática. Cifras oficiales revelan que el nivel de atención de los casos se ha elevado a un 74%; y que la duración de un proceso penal en promedio es actualmente de ocho meses, mientras que antes tomaba un promedio de cuatro años.

El objetivo no solo ha sido mejorar la justicia penal en términos cuantitativos, sino cualitativos y, a este punto, debemos agregar un proceso de cambio en el factor humano que ha sido fundamental. En efecto, con la vigencia del modelo acusatorio, hemos asistido a una ferviente preocupación de todos los operadores jurídicos por capacitarse y entrenarse de manera constante para ejercer con la mayor solvencia un nuevo rol proactivo que redunde en decisiones más rápidas, certeras y, adicionalmente, más justas.

El mayor desafío, sin embargo, será la implementación de este nuevo modelo en Lima. Por obvias razones de complejidad y costo, fue programada para el 2014. Será necesario para ello adecuar la normatividad a partir de las experiencias recogidas en estos primeros seis años y hacer aun más funcional el proceso penal, adaptando sus reglas a las actuales exigencias de eficiencia en la protección de la seguridad ciudadana, siempre dentro del marco de un proceso que respete las garantías constitucionales.

Ese ha sido el propósito de la iniciativa legislativa propuesta el año pasado por el Poder Judicial y esperamos su atenta discusión y, ojalá, su aprobación por parte del Congreso. Esta es una...

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