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Rebeldía y consecuencias

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Por Juan Velit Granda. Internacionalista

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no ha sido recibido como se esperaba. Se considera adverso para los intereses colombianos y ha generado en el país un alud de protestas. Incluso se habla de no aceptarlo y en su lugar enviar una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestando los vacíos jurídicos de la decisión.

La canciller María Ángela Holguín ha ido más allá al expresar que su gobierno estudia ?seriamente? el retiro del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la corte internacional de La Haya.

El Pacto de Bogotá, suscrito en abril de 1948, precisamente en el mismo país desde el que habla la diplomática que plantea su rebeldía y que sirve para resolver las controversias por los medios pacíficos, está bajo el alero del artículo XXIII de la carta de la OEA, y considera taxativamente su sujeción a la carta de la ONU.

Evidentemente, si Colombia se declara en rebeldía con relación a estos dos instrumentos legales, su situación se vería muy complicada en la comunidad internacional, ya que podía recibir penalidades tanto de la OEA como de la ONU.

En difícil trance se coloca la nación sudamericana al no aceptar una sentencia de la institución jurídica más importante del mundo y cuyas sentencias, como se sabe, son inapelables y ejecutables inmediatamente.

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