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Un problema mayor

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Vincent

Diversos comentarios ha generado la publicación el último fin de semana de una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en ?La República?, particularmente en lo que se refiere a la inclinación de la ciudadanía por una asamblea constituyente en esta coyuntura signada por la inestabilidad política y la convulsión social. El hecho no es para menos, pues con prescindencia de la postura que uno pueda tener respecto de esta figura, es innegable que su atractivo para los peruanos ha crecido, si tomamos en cuenta que hace menos de un año un 47% estaba de acuerdo con su convocatoria y que hoy ese número asciende al 69%.Desde este Diario hemos sostenido que una asamblea constituyente sería un error, no solo porque le añadiría incertidumbre (pues eso es lo que supondría redactar un nuevo texto constitucional desde cero) a un escenario ya de por sí incierto, sino porque quienes creemos que una Constitución existe, más que para ordenarle al Estado lo que debe hacer, para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder, vemos con preocupación la gran posibilidad de que una nueva Carta Magna termine poniendo en riesgo varias de las garantías con las que los peruanos contamos desde hace algún tiempo. Y esta no es una sensación.Según el sondeo del IEP, por ejemplo, los cambios que mayor adhesión suscitan entre los encuestados son aquellos que implican que el Estado adquiera más poder sobre la libertad de los ciudadanos y, en contraposición, aquellas modificaciones que entrañan una mayor capacidad de agencia de los individuos (como la posibilidad de casarse con alguien de su mismo sexo o de abortar en los primeros meses de gestación sin ser perseguidos por ello) generan más rechazo que aceptación. Así, un 74% de peruanos están de acuerdo con que la Constitución restablezca el servicio militar obligatorio, otro 72% con que castigue los delitos ?muy graves? con pena de muerte y otro 51% con que el Estado sea dueño de las principales empresas del país.Todas estas demandas, aunque populares, no son más que malas ideas. Empezando por la última, para la que no hace falta recordar la experiencia desastrosa que tuvo el Perú cuando el Estado se dedicó a hacerla de empresario en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, sino que basta con fijarnos en lo que ocurre hoy en día con empresas como Petro-Perú. Esta, por ejemplo, no solo precisa que cada cierto tiempo el Estado Peruano le lance cuantiosos salvavidas (que costeamos todos los peruanos), sino...

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