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Presión de Torres tendría implicancias penales

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Por RENÉ ZUBIETA PACCO

La denuncia pública de Ximena Pinto, aún secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), contra el primer ministro Aníbal Torres por una presunta dirección irregular de la publicidad estatal con fines políticos podría tener consecuencias penales.Según señalaron expertos a El Comercio, el caso muestra indicios principalmente de malversación de fondos y abuso de autoridad.Para el penalista Andy Carrión, el caso amerita una investigación fiscal para esclarecer los hechos. ?Hay una sospecha inicial simple para corroborar, porque puede haber malversación en grado de tentativa?, advirtió respecto al desvío de fondos públicos para una finalidad distinta a la establecida.El penalista Roberto Pereira coincidió con que la tentativa de malversación también es punible en la medida que Torres no solo haya expresado sus intenciones, sino ?ordenado a funcionarios que ejecuten esta orden o que exista una disposición de Palacio de Gobierno?.Pereira también alertó de la posibilidad de que se intente beneficiar a particulares con contratos con el Estado. ?Esa podría ser una conducta sancionada penalmente por constituir un abuso de autoridad o colusión?, agregó el abogado.A juicio de Daniel Ramos, director del área penal del estudio PPU, los hechos aún están en una etapa primigenia, pero lindan más con un posible abuso de autoridad ante la instrucción que Torres habría dado a una funcionaria. No descartó el posible delito de negociación incompatible ?si se identificara que el primer ministro se habría interesado en esta función específica de dirigir los recursos estatales para beneficiar a algunas empresas particulares?.Los expertos coincidieron en que, al tratarse de actos funcionales, la vía sería una denuncia constitucional.?Más implicancias?La ley que regula la publicidad estatal (28874) señala que la publicidad institucional es aquella que busca ?promover conductas de relevancia social?, así como la difusión de planes y programas de entidades públicas.Para ello, establece requisitos, entre ellos que debe existir una ?justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr?.Abel Aguilar, secretario de Comunicación Social de la PCM durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, indicó que la comunicación estatal tiene parámetros técnicos para que sea eficiente y tenga el alcance deseado. ?Hay que elegir técnicamente al más...

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