La presidencia ficticia (*)

Por Analista políticoLa gran pregunta que nos hacemos al final de este libro es si el Perú puede seguir siendo gobernable y por cuanto tiempo más, mientras su última instancia de representación y poder, la Presidencia, sea tan vulnerable.¿Y qué es lo que la hace vulnerable, peligrosamente vulnerable?No solo que no sea una jefatura de Estado y que por tanto no pueda estar por encima de la organización política del país, condición suficiente para encerrar un deterioro constante en sí misma, sino que a su vez sea víctima de su excesiva intervención directa en asuntos de gobierno que suponen serios riesgos de pérdida de autoridad, eficiencia, confianza e imagen.Esto quiere decir que la institución presidencial vive y crece, día a día, en la verticalidad de sus superpoderes y que al mismo tiempo muere y se esfuma, también día a día, en la horizontalidad de sus debilidades, sin la protección legal y constitucional que le permitiría guardar una distancia mayor y más efectiva respecto de las responsabilidades que debieran asumir los ministros, el gabinete ministerial en su conjunto o, llegado el caso, el llamado primer ministro.¿Podrá Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala y otras personalidades allegadas al régimen, ponerse a buen recaudo de las investigaciones fiscales a los gobiernos de Toledo, García y Humala, derivadas del escándalo de Odebrecht, y de paso poner ellos a buen recaudo la Presidencia, de modo que el país pueda marchar sin turbulencia política alguna en tanto la justicia ajusta cuentas con la corrupción?No es que sea imposible evitar que un mandatario pueda verse envuelto en actos de corrupción. El problema es por qué la institución presidencial tiene que ser legal y constitucionalmente tan laxa para permitírselo, en la medida que no lo obliga a tomar severas y vigilantes distancias de decisiones como el cierre de contratos privados con el Estado, que debieran definirse, así se trate de megaproyectos, en instancias ministeriales, que al fin y al cabo pueden políticamente recambiarse como fusibles o penalizarse judicialmente sin dramáticas consecuencias de crisis para el Estado y el sistema democrático.No existe pues la protección de la Presidencia y de la jefatura de Estado a un nivel que les permita preservar su transparencia, moral y dignidad respecto de decisiones cuyas responsabilidades tendrían que estar sólidamente delegadas en ministros y directores generales, por los graves riesgos que implica la exposición del mandatario...

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