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Preocupante insistencia en penalizar delitos de prensa

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Vincent

Otro polémico proyecto de ley contra la prensa ha sido aprobado en el Congreso. Se trata de una modificación al Código Penal para sancionar con penas de prisión de entre dos y cuatro años a quienes difundan comunicaciones privadas, ?independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar?. A contramano de lo que ocurre en los países desarrollados, donde los delitos de prensa son tratados en el ámbito civil, en nuestro país se insiste en su penalización. La iniciativa ya se conoce como ?ley mordaza?, pues finalmente es una forma de censura previa que afecta las libertades de información, expresión y prensa.

La norma tiene un enfoque absurdo, pues carga toda la responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de comunicaciones interceptadas; pero no va más allá en el asunto de fondo y lo que debe ser realmente combatido y erradicado: la interceptación de las comunicaciones, el espionaje industrial y la identificación y sanción de las personas y entidades estatales y privadas dedicadas a la venta de este tipo de información.

De modo simplista, se sostiene que la ley no alcanza a los ?hechos delictivos, de interés público o nacional o que contravengan el ordenamiento constitucional vigente?. La pregunta es: ¿quién establecerá lo que es o no de interés público? Con esto se da, además, por sentado que para nuestras autoridades el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones seguirá siendo vulnerado, como lo es hoy.

En el estado actual de cosas, en un país donde día a día salen a la luz audios cuyo origen se desconoce, la norma terminará por obligar a pedir autorizaciones antes de difundir cualquier denuncia de interés público. Se traslada, así, a la subjetividad de un juez la aplicación de una norma laxa, no clara y que deja demasiados cabos sueltos para interpretaciones antojadizas.

Llama la atención que el congresista Javier Bedoya de Vivanco, propulsor de la iniciativa, aduzca que se podrá difundir aquello que mantenga en alto la moral pública, sobre todo de los funcionarios públicos. Con su experiencia como abogado y parlamentario tendría que haber contemplado que...

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