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El Poder Judicial está bajo asedio en Argentina

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Vincent

Uno de los reportajes del programa de TV "Periodismo para todos" (el fenómeno social del momento en Argentina), presentado por Jorge Lanata, que más repercusión tuvo este año fue el que mostró las lujosas residencias de funcionarios del gobierno kirchnerista, colaboradores y amigos de la familia presidencial, entre ellos, un ex jardinero y el empresario Lázaro Báez, que en solo diez años pasó de empleado del Banco de Santa Cruz (tierra natal de Kirchner) a millonario.Lanata y su equipo revelaron la sospechosa evolución patrimonial, por ejemplo, del ministro de la Planificación, Julio de Vido, y alertaron: "presten bien atención, porque a partir de ahora, con la nueva reforma judicial, ya no tendremos más acceso a las informaciones que nos permiten realizar este tipo de investigaciones".De hecho, uno de los seis proyectos de reforma de la justicia presentados por el Gobierno, aprobados recientemente por el Congreso y promulgados por Cristina Kirchner, modificó, en medio la escandalosas denuncias de corrupción, el sistema de acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado. El acceso ahora será más rápido, sin embargo, las informaciones más escasas.La reforma, que la Casa Rosada considera democratizadora, fue cuestionada por la Asociación Nacional de Magistrados, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, profesores de universidades de prestigio como la Di Tella, una larga lista de ONG, juristas e incluso las Naciones Unidas. Para el presidente de la asociación de magistrados del país, Luis Cabral, las leyes kirchneristas "perturban de manera nítida y grave la independencia de la Judicatura". Las restricciones de acceso la informaciones esenciales para, por ejemplo, combatir la corrupción, también fueron consideradas un retroceso en el país. Segundo explicó a "O Globo" Álvaro Herrero, director de la ONG Asociación por los Derechos Civiles, "periodistas y ciudadanos ya no podrán saber, con los detalles de antes, la situación patrimonial de funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicatura"."Las relaciones que estamos conociendo hoy entre políticos y empresarios acusados de corrupción y lavado de dinero, gracias al trabajo de los medios de comunicación, serán imposibles de descubrir. Tendremos acceso la informaciones inútiles en lo que concierne a la lucha contra la corrupción", explicó Herrero.Él se acordó que, en el 2012, el Congreso no consiguió aprobar un proyecto de ley de acceso (total...

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