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El Poder Judicial no apoya a la comisión que busca sanear bienes incautados

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Vincent

Para reconstruir la situación legal de cientos de inmuebles confiscados al crimen organizado en la última década, la presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), Pilar Sosa, solicitó al Poder Judicial copias de las actas de incautación y decomiso de los bienes emitidas por los juzgados del país.

Como lo reveló ayer El Comercio, el problema que esta comisión busca resolver es grave: las medidas judiciales de incautación de 580 inmuebles confiscados al narcotráfico no fueron inscritas en los Registros Públicos, lo que permite que sus titulares puedan venderlos o transferirlos a terceras personas.

Esto ya ocurrió con propiedades del narcotraficante Fernando Zevallos.

A los juzgados les corresponde inscribir en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) las medidas de incautación emitidas; y a los procuradores del Estado, verificar que esto se cumpla. Sin embargo, la Conabi no recibe el apoyo del Poder Judicial para agilizar su trabajo aun cuando un representante de este poder del Estado integra la comisión instalada en agosto del año pasado.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, retiró hace un mes a su representante, José Antonio Tenorio Fernández, de la Conabi y no designó a un sucesor.

Además, pese a que existe el oficio circular 88-2012 (aprobado durante la gestión del juez César San Martín...

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