La planificacion privada aplasta la inclusion.
| Autor | Stiglich, Matteo |
[ILUSTRACIÓN OMITIR]
En junio de 2011, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció la modificación del proyecto Línea Amarilla. Ahora llamado Vía Parque Rímac, con el nuevo proyecto se redujo el número de familias afectadas, se mejoró las condiciones de reubicación, se incorporó nuevos espacios públicos y se incluyó una conexión con San Juan de Lurigancho. En el discurso que ofreció al anunciar el cambio, Villarán afirmó que "se ha logrado balancear el interés público, las demandas de los afectados, los requerimientos de los inversionistas, el desarrollo integral de la ciudad y la recuperación de sus áreas deprimidas. Tenemos un mejor proyecto para todos". ¿Qué había ocurrido para que se aprobara una obra que no lograba balancear esos intereses, como implícitamente afirmó la alcaldesa ese día?
Mientras que a mediados del siglo XX se asumía que el gobierno central era el principal--y hasta cierto punto, el único--actor legítimo en la planificación urbana, en las últimas tres décadas estas ideas han cambiado para permitir la participación de diversos actores en estos procesos. El período de democratización durante la década de 1980 vio el auge de los movimientos sociales urbanos y la participación local. Pero lo nuevo no venía solamente por el lado de la participación y el progresismo de los gobiernos municipales de izquierda que la promovían. Hacia el final de esa década, el contexto mundial y la crisis económica sirvieron de base para el cuestionamiento de las ideas económicas que habían sostenido la prevalencia del Estado en la planificación.
En 1990, año del ajuste estructural, se estaba terminando de escribir el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010, que introdujo un cambio en la forma de aplicar la zonificación. Influido por nuevas ideas económicas, el plan culpaba al Estado por su "concepción restrictiva y controlista, [que] debe erradicarse por un enfoque promotor o de incentivos a las iniciativas particulares". Una de las consecuencias de la nueva forma de abordar la zonificación fue que la Zonificación Reglamentaria Especial, que había sido utilizada desde su creación en 1970 para regularizar asentamientos informales, empezó a aplicarse para diversos usos. En estas zonas se realizarían planes específicos, en cuya elaboración podrían participar actores tan diversos como propietarios, residentes, gobiernos distritales y corporaciones transnacionales. Estas últimas podrían participar a través de la presentación de "iniciativas privadas", mediante...
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