Petro contra las apps
| Autor | The Economist |
En Colombia, los taxistas celebraron cuando el Gobierno de izquierda de Gustavo Petro señaló que iba a regular apps de transporte como Didi y Uber, que son ilegales en el país. Pero las propuestas gubernamentales, que se filtraron a la prensa en enero, generaron indignación: un borrador proponía multar a los usuarios de apps con 10,000 pesos (US$2,000) y bloquear las plataformas. Luego de que cientos de trabajadores de estos servicios digitales tomaron las calles, Petro suspendió sus planes.
Pero el 22 de febrero, taxistas descontentos realizaron un paro e intentaron bloquear vías en más de una docena de ciudades, en protesta contra el mandatario. Por la noche, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con representantes de los taxistas y acordaron discutir un nuevo plan. Este furor presen- ta una señal del caos político que podría convertirse en característica del Gobierno de Petro, quien se ha autoimpuesto un difícil reto en relación con la llamada "economía de las plataformas".
Dicha actividad está prosperando en América Latina, particularmente en Colombia. Rappi, el primer unicornio tecnológico del país, estuvo valorizada en US$ 5,000 millones el año pasado y es usada en toda la región. No es ilegal en Colombia, pero opera dentro de un vacío regulatorio y no es considerada una empleadora formal. Alrededor de 40,000 repartidores de la empresa trabajan en el país. Otros 150,000 trabajadores de plataformas lo hacen para competidoras como Uber, iFoody Cabify.
La mayoría de estos trabajadores son migrantes venezolanos, hoy viven en Colombia alrededor de 2.5 millones. Las apps les proporcionan un salvavidas en la forma de ingresos diarios, aunque se trata de un esquema precario. "Hay días que son realmente malos", señala Robert Romero, repartidor venezolano de Rappi. Su desplazamiento en bicicleta por Bogotá incluye serpentear a través del atroz tráfico y tratar de evitar un accidente mortal.
La preocupación de Petro es que las apps de delivery y transporte no ofrecen salarios mínimos, seguro médico o pensiones de jubilación a sus trabajadores opina que sus contratos crean una "relación laboral mentirosa". Su Gobierno quiere promulgar legislación que formalice las protecciones laborales para los trabajadores de plataformas, y este año presentará una propuesta de reforma laboral.
Las grandes empresas tecnológicas son presas fáci les de atacar para el nuevo Gobierno de izquierda. "No debiera ser...
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