El peligro de improvisar

Por Federico SalazarEl gobierno trata de ordenar la administración pública. No está dicho si lo logrará o no, pero definitivamente hay que reconocer el esfuerzo.La administración pública es un caos y no se adapta a las exigencias del país. El gobierno promulgó la Ley del Servicio Civil para introducir orden en el tema. Representantes de gremios y sindicatos salieron a protestar en las calles, defendiendo el orden establecido. La intención del gobierno es mejorar el servicio a través de evaluaciones anuales, mejoras salariales e incentivos, y despido de quienes no se adapten.La reforma choca con una visión del derecho laboral visto como derecho de propiedad. Si soy dueño de mi puesto de trabajo, nada debería impedirme retenerlo. Pero si de lo que soy dueño es de una opción a trabajar, entonces es lícito preguntarse qué pasa con el que no trabaja.El sistema de evaluaciones y calificaciones de mérito es teóricamente procedente. En la realidad, sin embargo, depende de muchas condiciones.El sistema requiere de evaluadores políticamente neutrales, moralmente impecables y académicamente encumbrados. No requiere cuatro o cinco de estos evaluadores.Se requiere evaluar a medio millón de empleados públicos, en distintas especialidades y actividades. Un evaluador, ¿puede calificar a 100, 200 o 500 trabajadores?Si los evaluadores pudieran ocuparse de 500 trabajadores cada uno, necesitaríamos un millar de técnicos de este nivel. ¡En variedad de disciplinas y actividades! ¿Tenemos ese millar de hipercalificados? ¿Hay que contratarlos? ¿Vamos a aumentar más la burocracia?Si los evaluadores salieran de la misma administración, ¿podrían hacer su trabajo y además...

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