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Participación política de las mujeres avanza en América Latina

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Vincent

Por eldy flores telloEl cuerpo sin vida de la concejala boliviana Juana Quispe Apaza, hallado detrás del Hospital Obrero de La Paz el 13 de marzo del 2012, fue la respuesta a sus denuncias de abuso verbal y físico por parte del alcalde y lo concejales del Municipio de Ancoraimes.Su muerte disparó la promulgación de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en el país altiplánico, una de las normas que le ha permitido ubicarse en el puesto 27 del ránking mundial de equidad de género y en el segundo lugar en América del Sur.La citada ley fue promulgada el 28 de mayo del 2012.La ley y otras normas que han permitido una mayor participación política de las mujeres despertaron la admiración de las ministras y representantes de los países que asistieron a la sexta conferencia internacional de la OEA para evaluar los avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, desarrollada en Lima, del 13 al 16 de octubre.La ministra de Justicia de Bolivia, Virginia Velasco, informó que gracias a diversas normas y a un trabajo social para empoderar a las mujeres, estas constituyen el 53,1% de la Cámara de Diputados y el 47,2% en la Cámara de Senadores de la asamblea legislativa de su país.Ascenso en ránking mundialLas normas y el trabajo social, según Velasco, permitieron que Bolivia escalara del puesto 87 en el ránking mundial de equidad de género, en el que se ubicaba el país en el 2006, al puesto 27 en la actualidad.?Gracias a la Ley 243, las mujeres en Bolivia no tienen por qué aguantar la discriminación ni la humillación por parte de los alcaldes, concejales, candidatos ni de nadie. Aunque el machismo no ha terminado ni es cero, los avances para reconocer los derechos de las mujeres continúan en el país?, sostuvo Velasco.El acoso político es definido por la ley boliviana como actos de presión, persecución, hostigamiento y amenazas contra la mujer o sus familiares, durante o después del proceso electoral, una vez elegida o designada o en ejercicio de la función política-pública, que impida el ejercicio de su derecho político. Es sancionado con pena privativa de la libertad de 2 a cinco años. La violencia política contra las mujeres ?actos y agresiones físicas, psicológicas y sexuales? para...

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