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Estado en parálisis

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Vincent

Por GianfrancoCastagnola

Es una buena noticia que se haya otorgado la buena pro para el sistema de tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca, una obra indispensable para la recuperación y sostenibilidad ambiental del lago. Sin embargo, el tiempo que ha tomado sacar adelante este proyecto, y el que previsiblemente tomará su ejecución por las dilaciones burocráticas, muestra la disfuncionalidad de nuestro Estado.Esta asociación público-privada consiste en la construcción, operación y mantenimiento de seis plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la operación y mantenimiento de otras cuatro PTAR existentes. Cuando entren en funcionamiento, se espera reducir de manera significativa la cantidad de agua contaminada que se vierte sobre el lago Titicaca. Es la primera iniciativa privada cofinanciada (IPC) con buena pro otorgada. Las IPC se diseñaron para incentivar al sector privado a presentar soluciones dirigidas a reducir el déficit de infraestructura del país. Entre el 2014 y 2015 se presentaron aproximadamente 200 IPC. Solo 18 están en formulación del estudio de factibilidad. El resto fue rechazado.El proceso de una IPC, en teoría, debería funcionar. Un inversionista presenta una iniciativa para cubrir una brecha de infraestructura. Formula un estudio de factibilidad a su costo y riesgo cumpliendo las normas de inversión pública y bajo la estricta supervisión del ministerio competente. Luego Pro Inversión conduce todo el proceso, desde la estructuración del contrato de concesión hasta el otorgamiento de la buena pro. Todo esto debería tomar un máximo de 18 o 24 meses. Pero, lamentablemente, la realidad es muy distinta.En el caso específico de estas PTAR, la iniciativa fue presentada en mayo del 2014. Han pasado cinco años desde entonces, muchísimo más de lo previsto en la norma. Ahora, en la etapa de ejecución, si todos los permisos, licencias y autorizaciones se dieran en los tiempos previstos ?escenario muy optimista, por cierto?, las obras se podrían iniciar en el primer semestre del 2020 y culminarían en el 2023. Es decir, entre la presentación de la iniciativa y la puesta en operación de las plantas habrán pasado, en el mejor de los casos, nueve años.El excesivo tiempo que toman los proyectos de infraestructura ?lo que, dicho sea de paso, ha desalentado tremendamente al sector privado interesado en invertir en ellos? refleja la creciente disfuncionalidad de nuestro aparato estatal. En proyectos...

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