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En el ojo de la tormenta

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Vincent

Por Redacción economíaSi hace unos años un ministro de Economía afirmaba que le prendía velas al crecimiento del PBI de China, hoy todos los altares económicos del Perú están dedicados a que en el 2017 se reactive la inversión en grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, el Caso Odebrecht amenaza dejar secuelas que compliquen este escenario. Mientras avanzan las investigaciones, ya se escuchan cuestionamientos a los procesos de adjudicación de concesiones y de compras estatales, cunde la incertidumbre sobre proyectos en curso donde participa la empresa brasileña, como el gasoducto surperuano o la etapa III de Chavimochic, y se especula sobre cambios normativos cuyos alcances aún están por definirse. ¿Cuán dura será la resaca de esta tormenta??Las consecuencias?Para Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, la situación actual de la compañía brasileña es también una oportunidad para que el Gobierno trabaje en una regulación más estricta para sus proveedores. ?Hasta que el Gobierno no dicte alguna medida que impida a empresas investigadas o ligadas a corrupción [a contratar con el Estado], no habrá ningún cambio formal. El Gobierno debería aprovechar las circunstancias para analizar qué debe exigir a las empresas con las que contrata?, explica.?Se necesita un doble control: el ?compliance? debería venir por parte de la empresa, pero también del Estado?, agrega el abogado penalista Carlos Caro. El Caso Odebrecht deja en evidencia que el sistema penal peruano no está preparado para afrontar casos que mezclan la corrupción gubernamental y empresarial con un contexto de criminalidad organizada. ?Necesitamos un sistema de responsabilidad penal de la empresa, como existe en Estados Unidos o Brasil, para que la misma corporación responda directamente por hechos de corrupción doméstica?, dice Caro. ?No sé si lo van a incluir, pero hay algunos puntos ciegos que podrían mejorarse?, complementa Defilippi. Frente a esto, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), resalta la reforma de Pro Inversión, orientada, precisamente, a mejorar la selección y priorización de proyectos, la calidad y profundidad de los estudios, y la estandarización de cláusulas de los contratos para las asociaciones público-privadas (APP). ?Es necesario separar claramente las investigaciones, acciones y decisiones que se tomen respecto a casos de proyectos adjudicados donde se hallen indicios de corrupción, de la...

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