Moneda al aire
| Autor | Ana María Sánchez/Rafael Lulli |
| Cargo | Directora Editorial/Director Editorial |
| Páginas | 3-3 |
Moneda al aire
Industria Legal
En el Perú, ya hemos pasado por procesos
electorales complejos. Hasta ahora, quizá el que
más incertidumbre causó en los peruanos en los
últimos veinte años fue en el año 2006, en una
segunda vuelta disputada entre Ollanta Humala,
quien se mostraba como un candidato de izquierda
nacionalista, y Alan García, quien retornaba al país
después de presidir uno de los gobiernos más
caóticos de nuestra historia republicana. Muchas
personas comentaban que si Humala ganaba las
elecciones se irían del país, y se escuchaban toda
clase de aventureros planes para la fuga al
extranjero. Luego, todos conocemos la historia,
García ganó las elecciones y se vio favorecido por
un período de bonanza económica, en gran parte
debido al auge de la minería y el precio de los
metales, así como a las fructíferas medidas
económicas liberales de los gobiernos que le
precedieron.
Con el segundo gobierno de García habíamos
cumplido casi quince años de crecimiento
económico sostenido y del Perú se hablaba
haciendo símiles de los tigres asiáticos. Sin
embargo, cinco años después, vimos a un
electorado reclamando cambios estructurales y, ante
la incredulidad de muchos, Humala ganó las
elecciones del año 2011 con agresivas propuestas
de reforma y salvaguarda de los menos favorecidos
(por ese entonces había manifestado su afinidad por
las reformas del gobierno de Velasco e incluso
expresado su deseo de volver a instaurar la
“Confederación Perú-Boliviana”). Nuevamente, el
empresariado peruano entró en crisis y, por citar un
ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una de las
caídas más estrepitosas de su historia al día
siguiente de dicha elección. Y, sin embargo, una vez
más, la suerte estaría de nuestro lado y –
sorpresivamente - Humala optó por moderar su
posición política y apostar por la continuidad del
modelo económico.
Vemos entonces como, en esta historia, las
elecciones actuales son como la crónica de una
muerte anunciada, en un contexto donde el
candidato presidencial con las propuestas más
agresivas que hemos visto desde Velasco se
mantiene primero en las encuestas, ante la mirada
atónita de todos. En la coyuntura actual, entonces,
cabe preguntarse sí la suerte nos abandonará esta
vez y ganará las elecciones Pedro Castillo y, más
aún, qué tan factible es, en términos legales, que
dicho candidato dilapide el modelo económico que,
si bien con fallas, ha generado en el país
crecimiento sostenido en los últimos veinte años.
Toda reforma constitucional debe ser aprobada a
través de dos alternativas. La primera es que dicha
reforma cuente con votos favorables del cincuenta
por ciento más uno del número legal de
congresistas, y posteriormente cuente con una
ratificación por referéndum. La segunda alternativa
es que la misma cuente con votos favorables de
más de dos tercios del número legal de congresistas
en dos legislaturas ordinarias sucesivas.
Por ejemplo, según la constitución, no pueden
someterse a referéndum la supresión o la disminución
de los derechos fundamentales de la persona (como el
derecho de propiedad), ni las normas de carácter
tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales
en vigor (por ejemplo, tratados bilaterales de inversión o
de libre comercio). Asimismo, el tribunal constitucional,
el máximo intérprete de la constitución y quien vela por
su cumplimiento, constituye un órgano
constitucionalmente autónomo (no adscrito a ningún
poder o entidad del Estado) que es designado por el
poder legislativo por concurso público en base a méritos.
Esto garantiza su independencia.
En este sentido, si bien el ruido político genera
preocupación en los inversionistas, queremos creer que
el Perú de hoy tiene una estructura institucional que
debería, por lo menos en la teoría, resistir las presiones
de una reforma irrazonable o desproporcionada. En esa
línea, por citar un ejemplo, existe hoy un procedimiento
muy estricto para realizar un proceso de expropiación
que requiere de la publicación de una norma de carácter
especial que, por un lado, justifique que dicha
expropiación responde a intereses de seguridad
nacional o necesidad pública y, por el otro, exige el pago
previo en efectivo de la indemnización justipreciada que
incluya daños y perjuicios en favor del afectado.
Una moneda ha sido lanzada al aire, y esperemos que la
suerte y el electorado peruano nos acompañe este 6 de
junio. Sin perjuicio del resultado, tenemos que tener
absolutamente claro que el Perú está hambriento de
reformas estructurales, que nada tienen que ver con
medidas demagógicas como el cambio de la
constitución, pero sí con problemas que están
enquistados en nuestro país, como la incapacidad de
gestión y ejecución del presupuesto, la centralización, el
aislamiento y abandono de las poblaciones más
vulnerables, la corrupción y la inestabilidad política. Si la
suerte está de nuestro lado, y creemos que lo está, nos
salvaremos de esta, pero nadie nos salvará de lo que
ocurra en el año 2026 si es que no cambiamos el curso
de nuestra historia.
Ana María Sánchez
Directora Editorial
Rafael Lulli
Director Editorial
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