Mitos y realidades del agua
| Autor | Francisco Dumler Cuya |
| Cargo | Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
Lo que queremos son suministros modernos e inclusivos, tarifas adecuadas y un producto de calidad.
América Latina ha asumido el ambicioso y valiente compromiso de reducir la brecha de inversión en agua y saneamiento –que en nuestro país supera los S/53.000 millones– a través de iniciativas y esfuerzos conjuntos entre el Estado y el sector privado, que posibiliten el acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento para el 2030.
Este es el reto más esperanzador que nos dejó la IV Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan), que se realizó en Lima la semana pasada, donde 16 países compartimos experiencias inspiradoras, nuevas tecnologías e innovadores modelos de gestión que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de nuestra región.
En nuestro país, cerca de nueve millones de personas viven en zonas rurales. Desde mediados del 2011 se han realizado esfuerzos muy importantes para duplicar el número de habitantes rurales con acceso a agua potable y servicios de saneamiento, incrementando esta cifra de tres millones a seis millones de peruanos y subiendo la cobertura nacional de agua del 77% al 87%.
Contar con estos servicios para un niño de una familia pobre en las áreas urbano-marginales constituye la gran diferencia entre estar condenado a la pobreza eterna y tener una oportunidad para desarrollarse. Estas familias pagan el agua más cara de nuestro país: hasta S/12 por cada metro cúbico que compran a camiones-cisterna, seis veces más de lo que paga una familia con conexión domiciliaria por la misma cantidad de agua potable.
El Estado ha invertido a lo largo de este quinquenio S/12.000 millones en el sector agua y saneamiento. El 35% de este monto se destinó al mantenimiento y reposición de redes de agua y alcantarillado para asegurar una infraestructura sostenible del servicio (dos veces lo ejecutado durante los cinco años anteriores al 2011). El resto se invirtió en la ampliación de nuevas redes y plantas potabilizadoras y de tratamiento.
Sin embargo, a todas estas realidades se oponen mitos creados por grupos de interés minoritarios enquistados en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que pretenden detener los necesarios cambios en la forma en que se administran la infraestructura, la cobertura –en las que tantos recursos ha invertido el Estado– y la calidad de los servicios que se brinda a la población.
El primer mito es el de la...
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