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MIRADA

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Vincent

La han puesto de cabeza para espulgar lo que caiga de su cartera y de la del Midis. El portal Sudaca le apuntó al cuerpo. Hizo una denuncia de presunto ?nepotismo cruzado?, ese que escapa a la fiscalización, es decir, ?tú contratas a mi familiar o amigo, yo contrato al tuyo?. Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de Dina, fue fichado el 4 de agosto del 2021 como asesor del alcalde de Pueblo Libre. Por RM 146 del Midis, Enrique Vílchez Vílchez, exfuncionario de ese municipio, fue nombrado secretario general del Midis. La sospecha de Sudaca es un quid pro quo, aunque no hay cómo demostrar que ello sea algo más que una casualidad. Hasta ahora el golpe más certero contra Dina viene desde el aparato de control del Estado.?Metafísica del control?La Contraloría General de la República (CGR), en su informe anti-Dina (Informe de Especialización Específica 005-2022-CG/FIS-FEDG), cita el artículo de Sudaca, pero no explora la actividad de Wigberto, a pesar de contar con las herramientas para ello. Sobre el hermano, concluye que su contratación en el municipio es incompatible con la ley, pero la responsabilidad de ello recae en las autoridades de Pueblo Libre. La contraloría no recomienda actuar contra Boluarte en este caso, ni en el de su cuñado Alfredo Pezo Paredes, esposo de su hermana René, quien recibió una orden de servicios para ser docente en la Escuela de Control de la Contraloría.El cuñado de la controlada fue contratado por la propia contraloría sin haberlo controlado. En esta metafísica del control, la última palabra la tiene el controlador: la responsabilidad es de la entidad que contrata, no de la fiscalizada quien, en sus descargos, dijo que no conocía a ciencia cierta las actividades de sus 12 hermanos.En su defensa, Boluarte invoca, como jurisprudencia, la sentencia del TC 1087/2020 de Domingo García Belaunde versus el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). A Domingo se le impedía ser proveedor del Estado porque su hermano Víctor Andrés era congresista; pero el TC consideró que tal cosa era un abuso ante la libertad de contratación y de trabajo y que el impedimento debía circunscribirse a la entidad ligada al trabajador.Sin embargo, la denuncia constitucional que ha presentado la congresista Norma Yarrow, inspirada en el informe de la CGR, sí considera el caso de Pezo como una infracción de Boluarte, no porque fuera contratado, que eso no es responsabilidad de Dina, sino porque ella no colocó el nombre y el trabajo...

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