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Minería, informalidad y delito

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Vincent

Por Roberto Abusada Salah. EconomistaTomó la palabra en la clausura de la reciente Perumin e hizo una gran defensa de la actividad minera. Era el presidente Humala quien, finalmente, parecía caer en la cuenta de que gobierna en un país con uno de los más importantes territorios mineros del mundo y que esta cualidad nos proporciona una enorme palanca de modernización y desarrollo integral. Y a contrapelo del efecto que causaron anteriores declaraciones, el discurso presidencial y la comparecencia en el evento de numerosos ministros de Estado, esta vez, han dado un potente espaldarazo a la creación de confianza.En la misma oportunidad, el presidente se refirió a lo que llamó ?la minería de las sombras?. Hablaba sin duda de la minería aluvial de la selva, la cual, además de acarrear un monumental perjuicio medioambiental, erosiona nuestras instituciones mediante prácticas corruptas, actos violentos y atentados contra la salud. Esta minería, dijo el presidente, debe ser eliminada, llamándola ilegal, para distinguirla de la minería informal.Más allá de lo difícil que resulta en la práctica hacer tal distinción, imagino que el presidente habrá sido informado de la existencia de más de 200 mil familias cuya subsistencia depende de la minería no formal y cuya actividad está lejos de causar los perjuicios que hoy inflige la minería aluvial.Pocos saben que fue el propio Estado el que inició y promovió la minería aluvial en la confluencia de los ríos Madre de Dios e Inambari, mediante exploraciones a través de la empresa estatal Centromín Perú durante los años setenta y al promulgar la Ley de Promoción Aurífera de 1978. El Estado ha otorgado concesiones que siguen hoy vigentes en toda esta devastada zona ?lo que puede comprobar cualquiera que consulte el catastro minero?. Ahora la tarea de eliminar esas enormes operaciones, que producen ingresos que superan los US$2.000 millones, es virtualmente imposible. Se trata de una actividad muy afín al narcotráfico y quienes se dedican a ella han adquirido enorme poder y seguramente se han infiltrado en la propia estructura del Estado. Si el Gobierno desea en realidad frenar esta actividad, debe empezar por controlar el comercio del mercurio y exigir que se utilice solo en circuito cerrado, penalizando su venteo en el ambiente. Adicionalmente, se deben delimitar las áreas donde la minería aluvial será permitida. Finalmente...

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