Los millones que Odebrecht reclamó por San José de Sisa
Por Carlos Neyra
El fiscal anticorrupción de Tarapoto José Villalta Arriaga halló presuntas irregularidades cometidas por tres exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín (GRSM) en la investigación al proceso de licitación y ejecución de la carretera Cuñumbuque?Zapatero?San José de Sisa, adjudicada a Odebrecht en octubre del 2008, durante la gestión del congresista y ex primer ministro César Villanueva.De acuerdo al documento de formalización de investigación al que accedió El Comercio, Juan Carlos Páucar Guerra, Juan Carlos Silva Dávila y Marcos Díaz Espinoza, los tres exfuncionarios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), habrían participado en una presunta aprobación irregular de resoluciones a favor de Odebrecht. Para la fiscalía, su conformidad permitió que la empresa entable un arbitraje contra el GRSM para exigir el reconocimiento de S/44?900.000.?Este accionar de los funcionarios del proyecto [PEHCBM] de avalar una solicitud elaborada por la empresa Odebrecht [?] a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, denotaría el animus de perjudicar al Estado en su patrimonio?, se lee en la resolución del fiscal Villalta.A ello se suma que un tribunal arbitral ad hoc resolvió en el 2013 que el PEHCBM debía pagarle a Odebrecht más de S/25 millones. Los tres árbitros que tomaron esa decisión son investigados por el equipo especial Lava Jato, por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho, por presuntamente haber favorecido a la empresa brasileña en distintos arbitrajes contra el Estado.?El reclamo y el fallo?En el 2012, la constructora brasileña solicitó el inicio de un arbitraje contra el PEHCBM ?entidad perteneciente al GRSM? por diversos aspectos, como ?la mayor permanencia de los equipos movilizados por Odebrecht en la zona de la obra?.Por este requerimiento, se formó un tribunal arbitral ad hoc que estuvo integrado por los árbitros Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Ricardo Espinoza Rimachi. En el 2013, ellos concluyeron que el PEHCBM tenía que pagarle S/25?922.630 a Odebrecht.El 7 de enero del 2015, la entonces procuradora del GRSM, Sonia Linares, apeló la decisión arbitral y pidió anularla. En diálogo con El Comercio, Linares declaró que Carlos Ulloa, su antecesor en la procuraduría durante la gestión de Villanueva, fue quien buscó ocultar información para no impugnar la decisión que favorecía a Odebrecht. ?Fue asquerosa la forma como se llevó la defensa del laudo...
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