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Por Juan Paredes Castro

¿Cómo proteger en una elección nacional el secreto del voto si se comienza por suprimir, dos meses antes, el secreto de la medición de la tendencia del voto?

Comencemos por examinar este absurdo con otra pregunta pertinente. ¿No es el Jurado Nacional de Elecciones el llamado a garantizar el secreto del voto y, por consiguiente, también la correcta medición de la intención de voto por encuestadoras debidamente acreditadas y sujetas a una permanente y pública rendición de cuentas?

Si el control y fiscalización está al alcance del JNE, ¿a título de qué sobreviene la necesidad de exigir, de pronto, que los encuestados tengan que certificar sus opiniones con DNI, direcciones domiciliarias y teléfonos a la mano?

Pareciera que el JNE hubiera sido inducido a ahorrarse el trabajo de supervisión de las encuestadoras y de las encuestas simplemente sacándolas del camino, de grado o fuerza. En ninguna parte del mundo, ni siquiera bajo el régimen oscurantista venezolano, se ha llegado a atentar, como aquí, contra un derecho libre y democrático de medir las intenciones de voto, mediante una declaración de identidad que podría utilizarse más adelante para otros fines coercitivos más peligrosos aun.

Es comprensible que las encuestas de intención de voto susciten cuestionamientos de diversa índole, todos fiscalizables...

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