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Un mendigo en un banco de oro

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Vincent

Por Ex ministro de Economía y Finanzas

Hoy es el conflicto minero de Las Bambas, antes fueron Conga y Tía María. No hay duda de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está haciendo lo mejor para desactivar el conflicto. Pero uno se pregunta si estas respuestas van a generar la paz social que necesitamos para que la minería siga siendo un motor de crecimiento. Necesitamos una solución más estructural que sea preventiva y no reactiva como ha sido hasta ahora.Los conflictos mineros han sido muy estudiados. Un ejemplo son los estudios de Carlos Casas y otros autores, que deberían ser de lectura obligatoria para nuestros negociadores. Entre otras conclusiones, encuentran que la distribución de los beneficios futuros de la minería es la base de los conflictos; que estos no surgen al inicio del proyecto, sino durante su etapa productiva; que el incumplimiento de los acuerdos entre las mineras y los comuneros los desata; y, ¡oh, sorpresa!, que el canon, sobrecanon y regalías o la mayor presencia del Estado están correlacionados con mayores conflictos.Pese a los beneficios de la minería, la evidencia indica que los conflictos han aumentado, en parte debido a nuestro Estado disfuncional. Es necesario avanzar en una discusión más profunda de cómo sentar las bases de un nuevo acuerdo social que nos permita beneficiarnos de nuestra riqueza natural y asegurarnos que los beneficios lleguen a las comunidades y al resto del país.Uno de los temas centrales es el de los derechos de propiedad, levantado por Hernando de Soto, que pienso que está a la raíz del tema distributivo. En mi opinión, cambiar la Constitución y otorgarles los derechos de la superficie y subsuelo a los comuneros, como propone De Soto, agudizaría el problema distributivo y social. Solo los comuneros, que por el azar de la historia, ostentan la propiedad donde existe riqueza mineral, se beneficiarían y el resto permanecería en la pobreza. El hecho de que nuestra Constitución divida ambas propiedades es una oportunidad que hay que aprovechar, pues le permite al Estado diseñar mecanismos distributivos que amplifiquen los beneficios de la minería.El argumento de De Soto cobra gran relevancia cuando habla de la diferencia que existe entre la calidad de los derechos de propiedad de la superficie y los del subsuelo. Según información de Registros Públicos, menos del 40% de la propiedad comunal está registrada y su registro es de menor calidad que el del subsuelo, que usualmente está...

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