¿A quiénes mata la pena de muerte?

Por AbogadoEs una tradición. Más o menos cada cinco años aparece la idea de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores. No voy a analizar si ello vulnera la Constitución, o los acuerdos de derechos humanos o las dificultades legales de reimplantar la pena de muerte. Estoy en contra de la pena de muerte, pero tampoco voy a invocar mis principios.Voy a ver los problemas económicos de la pena de muerte y a dónde nos conducen.Cuando el ministro de Justicia propone esta sanción está pensando algo que parece tener lógica. Un delito tan serio y espantoso, además de ser castigado, debe ser disuadido. De hecho, así lo ha dicho.Bien. Entonces coloquémonos en la mente de un violador. Voy a suponer que en todo delito, como toda persona, los delincuentes buscan lo que les beneficia y tratan de evitar lo que les cuesta. Un ladrón de televisores, por ejemplo, calcula intuitivamente cuánto ganaría con un televisor robado y lo compara con el riesgo de ir preso. Si el beneficio es mayor que el costo robará. Si no, no lo hará.El beneficio de un delito puede ser muy distinto: lo que me paguen por el televisor robado, la herencia que reciba del tío asesinado, el placer de verle la cara rota a mi archienemigo.El costo, a su vez, depende de varios factores. El primero es cuánto hay que gastar para cometer el delito. Lo vamos a llamar el costo directo. Por ejemplo, para asaltar un banco tengo que comprar una pistola y una máscara, pagarle a mis cómplices o sobornar a un empleado del banco para que me indique dónde está la alarma contra robos. Como toda ?empresa?, para ser delincuente hay que invertir.Pero hay un costo (que llamaré indirecto) que es el que estamos discutiendo: el costo de ir preso. Ese costo depende a su vez de dos factores distintos. El primero es la magnitud de la pena contemplada en la ley (por ejemplo, 10 años en la cárcel). El segundo, es el hecho que los delincuentes saben que no todos los robos son sancionados. De hecho, solo una fracción lo es. La sanción depende, entre otras cosas, de la efectividad de las instituciones: la policía, los fiscales, los jueces, la tolerancia de la sociedad al delito...

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