La gran maraña de la corrupción: María Julia Méndez, auditora especializada en proyectos de cooperación internacional, ha enviado a nuestra revista un riguroso texto sobre la historia reciente que consolida la impunidad para corruptores y corruptos en el Perú. Su lectura es imprescindible.

[ILUSTRACIÓN OMITIR]

LA CORRUPCIÓN TIENE LARGA DATA, PERO QUEDA GENERALMENTE IMPUNE POR INFLUENCIAS INDEBIDAS O LA CAPTURA DEL ESTADO

La degradación del concepto "servicio público" en mi ciudad me motivó a investigar sus probables causas, y hoy puedo resumirlas en una: es el efecto directo de la construcción modélica del lobby que acompaña a Luis Castañeda antes, durante y después de sus ocho años como alcalde de Lima, quien "tercerizó" su mandato tornándose aparentemente impune.

La causa y los resultados son aplicables a todo el aparato estatal. Como el país acaba de elegir una opción de cambio, en estas reflexiones la mirada va un poco más allá de nuestro querido barrio, gris y desordenado, intentando contrarrestar algunas creencias casi indestructibles: "cuesta 10% hacer cualquier negocio con el Estado" y "roba, pero hace obras".

* La definición misma de corrupción es débil en la legislación peruana y en la población en general. Se circunscribe solo al funcionario público corrupto, no se incluye para nada al corruptor privado, y esencialmente no comprende los niveles de corrupción institucionalizados en el propio aparato estatal. La tipificación adecuada de los delitos de corrupción es también tarea pendiente en el Perú. Hoy se sabe que el "blanqueo" de capitales ha crecido considerablemente en todo el mundo con la crisis financiera, pero no se advierten acciones para develar los casos peruanos vinculados o no al crimen organizado (narcotráfico y contrabando).

* Acertadamente, Inés Arias (véase www.corrupcionenlamira.org) reproduce lo dicho por Daniel Kaufmann, ex Director de la Oficina de Gobernabilidad del Banco Mundial: "... el foco en el estudio de la corrupción necesita alejarse de centrarse exclusivamente en el 'abuso de la función pública', y reconocer ... que ... muchas veces involucra la colusión entre lo público y lo privado (e, incluso en ocasiones, alcanza la captura por parte de los potentados privados) ... Esta influencia indebida de intereses privados sobre el sector estatal puede, o no, involucrar el intercambio de un soborno o, dependiendo de la norma del país, otro acto ilegal".

* El diagnóstico permite reconocer que la causa principal de la impunidad de la corrupción es la complicidad y/o indecisión de cada nueva gestión para analizar e investigar, si corresponde, a la gestión anterior. Los resultados de los sucesivos gobiernos posfujimoristas es dramática en materia de anticorrupción (incluso los responsables como Alberto Fujimori se "allanaron" para evitar las audiencias públicas sobre los robos).

* En los últimos años se ha perfeccionado el trabajo de los lobbistas (empresas y personas) para blindar durante y después de su gestión a los principales responsables (electos y ejecutivos). Las ganancias obtenidas por corruptores privados, además de ser compartidas con los funcionarios públicos corruptos, permiten ingentes gastos publicitarios para el blindaje de ambas partes frente a eventuales fiscalizaciones.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO DE PUERTAS ABIERTAS A LA INVERSIÓN PRIVADA, PERO SIN CANDADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

* La denominada "reforma del Estado" (apoyada con créditos y/o fondos donados y técnicos calificados internacionales) planteó en la teoría instrumentos de "modernización" para agilizar y transparentar las acciones, poner "candados" a la burocratización excesiva y la corrupción, y a favor de nuevos valores del funcionario público (con especialización, descentralización y una eficiente fiscalización). Así, se rediseñaron o establecieron nuevos órganos: superintendencias, reguladoras, recaudadoras, entidades de defensa del ciudadano, la reforma judicial, y novedades en cada ministerio.

* En ese marco, las dos herramientas modernas más importantes para establecer "candados anticorrupción" fueron, en mi opinión: el Sistema Nacional de Inversión Pública--SNIP ("... que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública", como figura en la web), y el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado--SIAF (que registra "todos los gastos que hace el Estado". "Sin embargo, para ser exactos debemos reconocer que todavía se escapan algunos ...", según la web).

* Lamentablemente, el diseño orgánico y los instrumentos no se han consolidado, y los resultados han sido muy escasos. Baste recordar a un feroz ex candidato y luego presidente clamando "¡Maldita SUNAT!", y a más de un ministro, presidente regional, alcaldeo hasta empresario privado-público vociferando "¡Maldito SNIP!'. Hay muchas pruebas de un camino hecho para fragilizar, mediatizar y cambiar normas y procedimientos, lo que ha conducido al desorden y sucesivos fracasos de entidades y funcionarios probos, algunos miembros del Congreso y hasta de la sociedad civil.

* El resultado más dramático de los lobbistas se hizo patente a nivel mundial con las compañías "calificadoras de riesgo", que dieron triple A ("muy buenos para afrontar deudas") a los grupos financieros creadores de la "burbuja inmobiliaria" que tiene al mundo de cabeza, y por lo cual no recibieron ningún tipo de sanción. Estas compañías también certifican a gobiernos con el método de juez y parte, y hoy mismo una de ellas le quitó una A al gobierno de Obama, desatando --con otros factores-- una nueva muy grave etapa de la crisis global. Lo curioso en nuestro país es que la mayoría de economistas parecen convencidos de que tal crisis no tiene puertas de entrada al Perú. Pues bien, parece haber llegado la hora de estudiar el papel de las "certificadoras" que reparten aes a granel, impulsadas por consultores lobbistas de bancos y financieras que prestaron dinero al Estado peruano a la vez que colocaron funcionarios en puestos claves.

* En el caso del Perú, la eliminación de "candados" anticorrupción se aceleró durante la última gestión del presidente Alan García (particularmente después del "shock de inversiones" del año 2006), siempre con los argumentos de la "situación de emergencia", de facilitar "la ejecución del gasto" y que, "con ello, se viabilice la inversión". En seguida, resumo las constataciones de los expertos Nilo Vergara y Walter Vargas: (1)

[check] Paralelamente al TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y sin derogarla, se promulgó un conjunto de normas que cambian aspectos claves de la selección y supervisión de los procesos, como plazos y etapas para elegir proveedores [Ley 28870, Emergencia en Saneamiento, Procedimiento de selección abreviado a diez días aplicable a compras de cualquier magnitud (D.U. 024-2006), luego extendido a regiones y municipalidades y después al Plan de Emergencia de Desembalse Asistencial de EsSalud (Ley 28912)].

[check] El panorama pareció mejorar en el año 2008 con la creación de una central de compras públicas, PeruCompras (D.L. 1018), y las adquisiciones estatales a través de la bolsa de productos (D.L. 1063 y D.S. 159-2008), pero la primera nunca funcionó y la segunda no se consolidó.

[check] La avanzada más importante en la eliminación de controles se inició en 2008 (D.U. 047-2008) con 12 proyectos en concesión (puertos, autopistas, carreteras, aeropuertos, proyectos especiales y saneamiento), dándose la viabilidad con solo estudios de prefactibilidad y recortando las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR) para opinar antes de la versión final de los contratos. Con el D.U. 010-2009 "de necesidad nacional y de ejecución prioritaria", el número se amplía a 52 nuevos proyectos, con un promedio de uno cada mes. La seguidilla de decretos de urgencia terminó de eliminar barreras a la decisión de cuáles...

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