Una mancha más al otorongo

Una raya más al tigre. O, en este caso, una mancha más al otorongo. Así se percibe la reciente acusación de que el congresista Julio Gagó, a través de una empresa de fachada, estaría contratando con el Estado a pesar de que la ley prohíbe que un funcionario público como él realice esta actividad.A este paso, para fines del gobierno, quizá habría que esperar que sean más los congresistas sobre cuya moralidad existen dudas que aquellos de moral incuestionable. El mes anterior se destapó el escándalo de la congresista Cenaida Uribe, a quien se acusa de haber utilizado su puesto para obtener beneficios particulares y de haber omitido declarar que tendría un conflicto de intereses por ser dueña de un colegio a la vez que forma parte de la Comisión de Educación del Parlamento. Meses antes, se conoció que el congresista Urtecho habría cometido diversos delitos, entre ellos apropiarse del sueldo de trabajadores de su despacho, encargar labores domésticas al personal del Congreso, apropiarse de una donación de sillas de ruedas y utilizar comprobantes de pago falsos para obtener reembolsos de gastos. Estos tres últimos casos, además, se suman a una nutrida lista de legisladores de cuestionable actuar. Por ejemplo, Omar Chehade, con el escándalo de Brujas de Cachiche; el aparentemente defensor de la minería ilegal Eulogio Amado Romero; el...

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