Luis

Por mayté ciriacoPeriodista

El jueves 18 de noviembre, durante el foro empresarial CADE 2021, el presidente Pedro Castillo dijo que su gobierno brindaría todas las garantías a las empresas para que puedan realizar inversiones. Un día después, el accionar de su equipo ministerial mostró todo lo contrario.La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, firmó un acta de compromisos con autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, donde se acordaba crear una comisión ejecutiva de negociación de términos del cierre de las unidades mineras de las cabeceras de cuenca Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. Las cuatro minas se encuentran prácticamente paralizadas, y Apumayo sufrió ataques vandálicos, a finales de octubre, que terminaron con el incendio total de su campamento minero.Según el documento firmado, el Ministerio de Energía y Minas deberá presentar el 15 de diciembre un cronograma de visita al entorno de las unidades mineras con participación de la población. El proceso de cierre de la actividad minera se revisaría con las comunidades. Esto, según el acta, sería un plan piloto que se replicaría en otras regiones.Las compañías mineras afectadas se enteraron de los acuerdos a través de las redes sociales. Ante ello, brindaron ayer una conferencia de prensa mostrando su sorpresa. ?No hemos recibido ningún tipo de comunicación formal. Nos enteramos a través de una trasmisión en vivo realizada por radio Parinacochas?, contó Carlos Salina Mesa, abogado de la empresa Sami S.A.C. (Breapampa). En ese contexto pidieron a la primera ministra aclarar los alcances del acta suscrita y reconsiderar su posición.En respuesta, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó ?ayer mismo? un comunicado en el que recalcó que las cuatro mineras se encuentran con ?planes de cierre? en curso.?La omisión de la PCM?La ingeniera María Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, advirtió que el comunicado de la PCM tenía un error.Según explicó, todas las empresas deben entregar un cronograma de cierre a inicios de año. Cuando ella y otro grupo de profesionales del ministerio redactaron la ley para los planes de cierre, decidieron que se exigirían plazos según la vida de la mina. ?Con esto, el Estado se asegura la garantía monetaria. De lo contrario, las minas podrían decir que cierran en 100 años y el Estado no tendría esta garantía?, dice.A diferencia de...

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