¿Lucha contra la inseguridad o contra los migrantes?
Por AndrEsDevoto Ykeho*
La semana pasada se publicó la Ley 31689, que modifica las condiciones para que los migrantes puedan alquilar una vivienda en el Perú. Esta fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República luego de que el Ejecutivo la observara y tras recibir numerosas críticas de la sociedad civil. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha comunicado que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Esta ley ha creado una nueva obligación para los arrendadores de inmuebles: deben exigir a los migrantes (tanto al posible arrendatario como a quienes vivirán con él) que demuestren que se encuentran legalmente en el Perú. No solo eso: los arrendadores deben informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones qué extranjeros vivirán en sus inmuebles.La razón por la que se han hecho estas modificaciones la encontramos en su título, que revela que fue aprobada ?en el marco de la seguridad ciudadana?. En la sustentación de la norma, la congresista Maricarmen Alva explicó el razonamiento de sus impulsores: ?Es importante que los extranjeros […] puedan identificarse y, además, consignar su domicilio en nuestro país, a fin de que en el caso hipotético de que cometieran alguna falta o delito se pueda hacer una idónea investigación fiscal conjuntamente con la Policía Nacional?.Aquí tenemos un problema de enfoque de política. Se opta por uno de orden interno en lugar de un enfoque de integración socioeconómica. Ello trae grandes limitaciones y obvia la evidencia que tenemos hasta la fecha: la migración venezolana no es responsable de la elevada inseguridad ciudadana. Como muestran diferentes estudios hechos por diversas organizaciones (OIM y el Ministerio Público, la Universidad del Pacífico, el portal Enterarse y hasta el Ministerio de Justicia y la PNP), no hay evidencia a la fecha que demuestre un vínculo entre la migración y un supuesto gran aumento del crimen.Para muestra, un botón: una investigación de la OIM y el Ministerio Público encontró que en el 2020 apenas un 0,4% de las denuncias por delitos fueron contra ciudadanos venezolanos. Si tomamos en cuenta que para esta fecha la población venezolana en el Perú superaba ya el 2,5% del total de la población del país, lo que tenemos es que los migrantes venezolanos son de hecho menos propensos a ser denunciados por delitos que el resto de la población. Y estas cifras están amparadas en datos oficiales, proporcionados por la propia policía.Pero, incluso si ignoramos...
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