Leyes y políticas de seguridad alimentaria: Perú en desventaja
| Autor | Alberto García |
| Cargo | Consultor de la representación de la FAO en Perú |
| Páginas | 14-15 |
14 LA REVISTA AGRARIA / 158
El pasado 28 de diciembre, el Gobierno
aprobó la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 2013-2021
de paso, derogó la anterior Estrategia
Nacional 2004-2015. Con esta medida con-
cluye en el Perú un largo proceso dirigido
a dotar al sector público de un marco pro-
gramático que oriente su accionar en el
nivel nacional y descentralizado, con pro-
pósitos y metas claras en materia de se-
guridad alimentaria y nutricional.
La estrategia derogada (ENSA) —en su
día, un avanzado instrumento de ordena-
miento de políticas y recursos— fue resul-
tado de una amplia consulta a especialis-
tas y responsables de instituciones públi-
cas y privadas con responsabilidad en la
materia, pero la falta de voluntad política y
de una institucionalidad adecuada de so-
porte y seguimiento impidió que fuese
empleada de manera sistemática.
Deficiencia en políticas de
seguridad alimentaria
Circunstancialmente, la realización en
Lima, en 2011, poco antes del cambio de
gobierno, de la Quinta Reunión de la Inicia-
tiva América Latina y el Caribe Sin Hambre2,
puso en evidencia que, en el ámbito de la
región, el Perú era uno de los países con
más pobre dotación en términos de norma-
tiva, políticas públicas e institucionalidad
en seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Los apresurados esfuerzos del gobierno
saliente (se alcanzó a elaborar un Plan Na-
cional de SAN y un anteproyecto de ley) se
perdieron en los confusos trámites de trans-
ferencia de gobierno.
Recién en octubre de 2012 se llega a con-
formar la Comisión Multisectorial de SAN,
en cuyo ámbito se elabora la Estrategia Na-
cional 2013-2021. Quedan pendientes el co-
rrespondiente Plan Nacional y la Ley de
SAN. La aprobación de esta última por el
Congreso ha quedado postergada, con pro-
nóstico incierto, luego de que estuviera a
punto de ser sancionada al término de la
legislatura pasada. Queda pendiente tam-
bién definir la configuración definitiva de la
gestión institucional de la política de SAN,
puesto que la actual conducción a cargo
del Minagri puede variar de aprobarse la
Ley de SAN. ¿Cómo nos coloca este balan-
ce con relación al resto de países andinos?
Los países de la región nos
aventajan legalmente
Con independencia del contenido, y
sin pretender levantar un juicio de valor
sobre su pertinencia y eficacia, es claro
que Bolivia, Ecuador, Colombia y Vene-
zuela cuentan con un mejor y más sólido
marco legal normativo, un cuerpo de es-
trategias y políticas y un sustento insti-
tucional para enfrentar los problemas de-
rivados de la inseguridad alimentaria y
nutricional3.
En términos de marco legal y normati-
vo, Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen
legislación expresa en la materia, mien-
tras que Colombia no posee un marco
legal explícito.
En orden cronoló-
gico de emisión de
nomas legales, Vene-
zuela cuenta desde
2008 con una Ley Or-
gánica de Seguridad
y Soberanía Agroali-
mentaria que declara
de utilidad pública e
interés social las actividades que asegu-
ren la disponibilidad y acceso oportuno
de la población a los alimentos inocuos,
de calidad y en cantidad suficiente. Ecua-
dor promulgó en 2009 la Ley Orgánica
del Régimen de la Soberanía Alimentaria,
que tiene como objeto establecer meca-
nismos para que el Estado cumpla con
su obligación de garantizar a las perso-
nas, comunidades y pueblos la autosufi-
ciencia de alimentos sanos, nutritivos y
culturalmente apropiados de forma per-
manente. En 2011, Bolivia aprobó la Ley
de la Revolución Productiva Comunita-
ria Agropecuaria para la Soberanía Ali-
mentaria, cuyo objeto es establecer las
bases institucionales, políticas y meca-
nismos técnicos y financieros de la pro-
ducción de productos agropecuarios,
priorizando la producción orgánica.
Políticas y estrategias aplicadas
en la región
Con relación a las políticas de SAN,
Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia
aplican estrategias diferenciadas.
En Ecuador, el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017 incorpora como objetivo
del Estado el impulso de condiciones
productivas para el logro de la soberanía
alimentaria, y sirve de marco a la política
sectorial del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca y al Pro-
grama de reducción de las barreras de
acceso a la alimentación y reducción de
la desnutrición.
Colombia cuenta con el más completo
acervo de mecanismos de política en la
materia. Aprueba en 2008 la Política Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, orientada a contribuir a la dismi-
nución de las desigualdades sociales y
económicas asociadas a la inseguridad
Leyes y políticas de seguridad
alimentaria: Perú en desventaja
Alberto García1
En 2011, Bolivia aprobó la Ley para la Soberanía Alimentaria. El presidente Evo Morales también ha promovido una política sobre el tema
cuyo objetivo es potenciar las capacidades productivas en los territorios rurales.
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