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El ladrón de gallinas

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Vincent

El 9 de marzo, un auto judicial aprobó el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Pedro Castillo. Ahora hay un doble candado en la puerta de su cárcel, en Barbadillo. La primera medida cautelar fue impuesta en diciembre pasado, para que sea investigado por rebelión, hasta junio del 2024. La reciente lo encierra hasta marzo del 2026, para garantizar tres indagaciones por corrupción, como supuesto líder de una organización criminal. Ambos procesos son independientes entre sí. Castillo recién empieza a transitar por un túnel del que no saldrá sino luego de muchos años. Aunque apelará a la más alta instancia del Poder Judicial, nada hace pensar que los argumentos principales del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, vayan a ser contradichos.El peso de la resolución no estuvo tanto en las imputaciones, que son gravísimas, sino en la estimación de la capacidad de Castillo para obstruir la justicia una vez en libertad. Tiene una invitación abierta para asilarse en México. Aún funciona una red de protección a los principales imputados. El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva continúa prófugo. Lo mismo que Fray Vásquez, sobrino predilecto del expresidente. El principal activo de la red es político, y es llamativo el componente internacional, en el que destacan los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, que lo consideran un héroe latinoamericano. Su primer objetivo es lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie por la ilegalidad de las medidas que contra Castillo adoptaron el Congreso y el Poder Judicial por el delito de rebelión.El auto de Checkley viene a complicar este empeño. Ahora tendrán que atacar las decisiones judiciales originadas en expedientes por corrupción, siempre y cuando los procesos hayan culminado en sede nacional. Aunque la CIDH ya condenó el intento de golpe de Estado de Castillo e incluso otorgó medidas cautelares en favor de la fiscal de la Nación ?que denunció agresiones de los investigados?, la posibilidad de que sea influida por gobiernos de izquierda sigue estando latente. Uno de los abogados de Castillo, el exministro de Defensa Walter Ayala, imputado por tráfico de nombramientos, le ha solicitado pronunciarse para que su defendido sea repuesto. El propio expresidente, cuatro días antes de que anunciara el golpe de Estado, pidió medidas cautelares a la CIDH, según reveló el viernes pasado el Centro Liber, una...

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