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El laberinto de la palma

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Vincent

Por óscar paz campuzanoopaz@comercio.com.peNativos de la comunidad de Santa Clara de Uchunya llegaron hasta Lima hace dos semanas para denunciar que una empresa dedicada al cultivo de palma aceitera había destruido 5 mil hectáreas de bosque en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) comprobó que Plantaciones de Pucallpa ?que pertenecería a un mismo grupo de empresas investigadas por supuestas malas prácticas en la selva? operaba ilegalmente: no tiene certificación ambiental, uno de los primeros requisitos para desarrollar esta polémica plantación. Polémica porque, por un lado, la palma aceitera es incentivada para fabricar biocombustible y reemplazar sembríos ilegales como la hoja de coca, pero por otro lado esta actividad agrícola es acusada de acelerar la destrucción de los bosques tropicales del planeta. Un informe del 2014 de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA) ?impulsada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)? reveló que hay empresas que sembraron palma a costa de los bosques de Malasia e Indonesia y ahora están buscando nuevas tierras en África y América Latina. Según el Plan Nacional de Palma Aceitera 2000-2010, el Perú tiene 1,4 millones de hectáreas disponibles para este cultivo. Y entre el 2000 y el 2013, las hectáreas sembradas en la selva se elevaron de 14 mil a 60 mil. En junio, la contraloría advirtió que en Loreto cada año se destruyen 30 mil hectáreas de bosque, equivalentes al 29% de la deforestación anual del país. Según el informe, la palma aceitera es la principal razón. El decano del Colegio de Químicos del Perú, Carlos Alvarado, agregó que ?el excesivo uso de fertilizantes acelera la desertificación de la Amazonía?. Fragilidad normativaAparte de los riesgos que traería esta actividad agrícola a gran escala, el Perú está perdido en un laberinto de vacíos legales que alimentan un escenario explosivo entre las comunidades nativas de la selva, los palmicultores, las empresas y el Estado. El órgano de control reveló que el Estado desconoce qué zonas boscosas fueron degradadas por la tala, la siembra de cultivos ilícitos y la agricultura migratoria en las últimas décadas. Este punto es crucial porque la ley que declaró de interés nacional este cultivo, hace 15 años, precisa que este se sembrará para recuperar los suelos...

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