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Justicia salomónica

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Vincent

El lunes por la noche, el Gobierno declaró la provincia de Espinar en estado de emergencia por treinta días. Este necesario acto solo confirmó lo que era ya, en ese momento, claro para todos: la situación estaba fuera de control y la única manera de detener los actos vandálicos de los revoltosos era adoptando esa medida.

Lo que sin embargo no está claro es la razón por la que el Ejecutivo tiene la intención de instaurar una de sus (ya famosas) mesas de negociación con las autoridades de Espinar. Y es que, en este caso, no hay nada que negociar.

¿O acaso el Gobierno considera que hay algo negociable en el tema de la contaminación? No es posible, pues según el mismo viceministro de Minas hay informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente, de la Autoridad Nacional del Agua y de la Dirección General de Salud Ambiental que dan cuenta de que la empresa no ha contaminado el agua. Si no hay evidencia de que, como señalan los manifestantes, la empresa ha incumplido sus obligaciones ambientales, nada hay que conversar al respecto.

¿Acaso el Gobierno pretende negociar sobre el pedido de los manifestantes de que la empresa aumente su aporte voluntario del 3% al 30% de sus utilidades? No nos imaginamos por qué el Ejecutivo intentaría esto pues, como bien debería saber, a nadie se le puede exigir que cumpla más obligaciones que las establecidas por las normas vigentes. Toda aquella renta que una ley del Congreso no obligue a entregar en forma de tributos u otro tipo de pagos al Estado es propiedad privada. Y forzar a alguien a entregar a un tercero su propiedad tiene nombre: robo.

Un robo que sería aun más escandaloso si tenemos en cuenta que esta empresa ha sido reconocida por su compromiso social, entrega el ya mencionado aporte voluntario, puede llegar a pagar al Estado hasta el 50% de sus utilidades en tributos y regalías, y que ni el gobierno provincial ni el regional llegan a gastar todo el presupuesto que reciben gracias al canon y regalías que paga la minería en la zona. Si se decide confiscar ese 30% adicional de utilidades, ¿por qué mejor no sincerarse y nombrar de una vez a los manifestantes accionistas mayoritarios de la empresa? No sería muy lejano de la realidad, pues entre ellos y el Estado se llevarían la mayor parte de...

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