Justicia climática: a partir del caso Luciano vs RWE
| Autor | Patricia Cuba-Sichler |
Antecedentes
El 30 de noviembre 2017, la corte de apelación en Hamm, Alemania declaró admisible la demanda por daño ambiental interpuesta por Saúl Luciano Lliuya, campesino natural de Huaraz, contra la empresa alemana transnacional energética RWE, por daños ambientales producidos por el deshielo acelerado de los glaciares de Huaraz, que repercuten en su propiedad y en su comunidad. RWE, constituida en Essen, Alemania, opera en el mundo a través plantas energéticas en gas y petróleo gestionadas por empresas subsidiarias y socios estratégicos.
La particularidad de este asunto es doble. Primero, RWE no opera en Perú. No tiene presencia legal o física en el país, y menos aun una planta o instalación próxima a la propiedad del demandante. Segundo, la demanda se sustenta en un daño al ambiente, abstracto y crónico, que no resultaría de un siniestro o de una actividad anormal de RWE, a quien se le imputa una responsabilidad por el incremento de la temperatura global desde el inicio de sus operaciones.
En tal contexto, la admisibilidad de la demanda dictada por la corte de apelación en Hamm, Alemania, inicialmente declarada inadmisible en primera instancia en diciembre del 2016 por el tribunal de Essen, constituye un auténtico precedente en derecho ambiental y en responsabilidad civil, pues se admite que una corporación, en el desarrollo normal de sus actividades económicas, pueda causar daños ambientales, incluso si no está físicamente presente en donde se produce el daño.
El caso RWE recién comienza y merece ser seguido con atención. La decisión de Hamm marca el inicio de la fase probatoria donde las partes deberán presentar sus peritos científicos, expertos clima, para contradecir o reafirmar sus posiciones.
Acciones en justicia climática se multiplican
El caso RWE no es un caso aislado en el espectro de demandas por responsabilidad ambiental en el mundo.
El 24 junio del 2015, la Justicia Neerlandesa ordenó al Estado reducir las emisiones de gases con efecto invernadero al menos en un 25 % desde ese año hasta el 2020, dando razón a la ONG ambientalista Urgenda quien, quien en representación de alrededor de 900 ciudadanos, presentó dicha demanda ante las instancias judiciales. Para los tres jueces que dictaron la sentencia, los efectos devastadores de las emisiones contaminantes ya han sido científicamente probados, por lo que el gobierno debe actuar y proteger a sus ciudadanos y por ende ” hacer más para contrarrestar el peligro inminente...
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