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La investigación de las muertes

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Vincent

L os resultados de la investigación iniciada por el Ministerio Público sobre las muertes durante las protestas no serán conocidos de inmediato. La demora obligada crea un vacío peligroso. El Gobierno debió empeñarse en un rápido esclarecimiento de los hechos mediante su propia indagatoria, tanto para realizar cambios internos que fueran necesarios como para explicarlo a la población. Falta un relato oficial minucioso. Sobre todo, respecto de la forma en que se produjo la represión del asalto a los aeropuertos de Juliaca y Ayacucho, los dos lugares donde hubo más víctimas. Cuando ocurren violentas muertes civiles, aunque no hubiera habido intención criminal por parte de una administración, esta tiene la obligación de rendir cuentas y adoptar sanciones, que pueden dirigirse a miembros del gabinete, asumiendo responsabilidad política. Allí se han producido tres cambios cosméticos en los últimos días. En su mensaje a la Nación del viernes, la presidenta Dina Boluarte confirmó que la única investigación la hará el Ministerio Público. El plato fuerte del discurso fue su deslinde con la izquierda antidemocrática que fue cómplice de Pedro Castillo.En un procedimiento penal, la investigación de la violencia en conflictos sociales puede ser extremadamente difícil. Desde el 2002 murieron, con base en registros de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 350 personas, principalmente durante reclamos de índole medioambiental. Hubo más de 5.000 heridos. El conteo comienza desde el gobierno de Alejandro Toledo, pero fue durante el de Alan García cuando las cifras se dispararon. Solo en los sucesos de Bagua, en el 2009, murieron 23 policías y 10 indígenas. Hubo 73 muertos en el período de Ollanta Humala, 13 en el de Pedro Pablo Kuczynski, algo menos durante los dos años de Martín Vizcarra. En la mayoría de los casos las víctimas cayeron por arma de fuego, cuando la policía repelía a los manifestantes. Luego de las investigaciones (cuando las hubo), solo existieron condenas en un puñado de casos. La regla es la impunidad.Para muestra, el ?Baguazo?. Miles de indígenas bloquearon la carretera Belaunde Terry en protesta contra una legislación que les concernía y no les fue consultada. Diez manifestantes y 11 guardias murieron cuando la PNP los desalojó de una zona denominada Curva del Diablo. En represalia, los indígenas se apoderaron de la estación 6 de Petro-Perú y mataron a 10 policías desarmados que la guarnecían. En el 2019, la Corte Suprema convalidó una...

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