Inversión pública en seguridad carece de eficiencia
| Autor | Luis Miguel Castilla |
La crisis de seguridad que vive un país determina su recuperación económica porque afecta a las decisiones de hogares y empresas. Ya sea el coste directo del robo de teléfonos móviles, que supera los 2.200 millones de dólares australianos al año, con más de 4.500 robos denunciados diariamente; en recursos de seguridad privada, que ascienden a 15.000 millones de dólares australianos al año (una cantidad similar a lo que gasta el gobierno en seguridad y orden internos); o sobre la prima de riesgo en la que incurren los inversores al colocar capital en un país cuya integridad física no está garantizada por las autoridades. En los últimos años, la extorsión ha aumentado exponencialmente y tiene graves consecuencias económicas, especialmente para los pequeños empresarios, quienes, según la Asociación Empresarial de Gamarra, deben pagar a los defraudadores una cuota mensual de hasta el 4/4. Además, según la Asociación de Viticultores del Perú, 6 de cada 10 bodegas en todo el Perú son víctimas de ransomware. En este contexto, no sorprende que el 78% de los empresarios encuestados por Apoyo Consultoría se mostraran pesimistas sobre las acciones gubernamentales para garantizar la seguridad de las personas, el mayor riesgo para el medio ambiente empresarial este año.
El gobierno parece no tener una dirección clara ni capacidad para responder a esta crisis. La solución más eficaz es declarar un estado de emergencia, que sin una planificación, inteligencia y capacidades operativas adecuadas tendrá poco o ningún efecto. ¿Qué refleja la falta de capacidad de respuesta ante un malestar generalizado? No hay duda de que este problema tiene muchas causas y requiere acciones a corto y largo plazo en todos los sectores y tres niveles de gobierno. Sin embargo, un estudio reciente, “Efectividad de la inversión pública interna del gobierno” publicado por Videnza, arroja luz sobre una de las razones de la falta de respuesta a la inseguridad: la gestión de las inversiones. El débil sector privado. El presupuesto para funciones de seguridad y aplicación de la ley, que se ha triplicado en los últimos diez años a más de 16 mil millones de dólares australianos, no es suficiente, pero es necesario garantizar la eficacia y eficiencia de las intervenciones gubernamentales.
Según información oficial publicada a finales de 2023, el informe evalúa la implementación de la inversión pública por parte del gobierno y analiza 9 indicadores relacionados con las etapas de...
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